BRUSELAS, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
Trabajadores de Telemadrid denunciarán mañana ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo las prácticas de "tergiversación", "censura", "tendenciosidad" política y "omisión" de la información en la televisión pública madrileña, según aseguraron en un informe en el que tratan de "demostrar su utilización partidista, e incluso sectaria, que la actual dirección realiza en beneficio de intereses particulares o políticos".
Representantes del comité de empresa de Telemadrid explicaron este lunes en rueda de prensa junto al eurodiputado socialista Carlos Carnero la tendencia informativa que, en su opinión, ha seguido el ente público desde que el nombramiento en octubre de 2003 de Manuel Soriano, su actual director general y antiguo jefe de prensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
Los trabajadores de Telemadrid presentaron en marzo de 2006 una queja ante la Eurocámara contra una "práctica abusiva" en Telemadrid que socava la libertad de expresión y de los ciudadanos a recibir información veraz. La comisión de Peticiones la admitió a trámite en agosto del año pasado y mañana la estudiará junto a los peticionarios y representantes de la Comisión Europea.
En concreto, la queja evoca el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE --integrante del proyecto constitucional-- que reconoce que "toda persona tiene derecho a la libertad de expresión" que "comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencias de autoridades públicas y sin consideración de fronteras".
En su día, la Dirección de Telemadrid calificó de "falsas" estas acusaciones y aseguró en un comunicado que los datos "demuestran claramente la notable pluralidad" de los programas informativos de la cadena.
"PERVERSIONES"
Este lunes el presidente del comité de empresa de Telemadrid, José Ángel Jiménez, uno de sus miembros, Mayte Previño, y la redactora Blanca Landázuri explicaron algunas de las "perversiones" que se han producido en torno a la información en la televisión madrileña a favor del PP, así como a las consecuencias financieras y desde el punto de vista de la audiencia a las que éstas han conducido.
Jiménez afirmó que entre los "atropellos de todo tipo" que se han sucedido desde el nombramiento en 2003 del actual equipo directivo figuran la dimisión de numerosos trabajadores, la relegación de otros a los que apenas se da trabajo y la "represalia" a los representantes sindicales. Denunció también la cada vez más frecuente contratación de programas a productoras externas, próximas al Gobierno de la Comunidad de Madrid, por precios muy elevados -"hasta15 veces superiores"-- o el "veto" a la información de carácter regional a favor de los ataques al Gobierno central. También el "desplazamiento de la pluralidad política" en la que "no hay representación de la izquierda" y "se la da la palabra, cobijo y aliento a la extrema derecha" o la asidua asistencia de personas cercanas al PP a las tertulias de la cadena de televisión.
Landázuri recordó que los redactores de Telemadrid llevan "dos años" sin firmar sus informaciones en señal de protesta y denunció que desde 2003 la jerarquía se ha más que duplicado hasta crear una "estructura organizativa poderosa, férrea y dócil al poder en la Comunidad de Madrid", pasando de 17 cargos directivos a 35 en la actualidad. Treviño, por su parte, se refirió a un aspecto que, aunque no forma parte de la denuncia planteada ante el Parlamento Europeo, en su opinión también es consecuencia: el descenso de la audiencia de Telemadrid y la consecuente pérdida de ingresos que tienen que ser suplidos por mayores subvenciones públicas del Gobierno de Esperanza Aguirre.
En este escenario, los trabajadores de Telemadrid explicaron que se dirigen al Parlamento Europeo porque lo consideran como "una puerta para que esto se conozca" y se conformaron con que "que este tema salga a la luz", a pesar de que la Carta de Derechos Fundamentales que invocan aún no está vigente. Carnero, por su parte, señaló que la denuncia ante el comité de Peticiones permitirá que "otros eurodiputados puedan saber lo que está pasando con un medio público".
No obstante, apuntaron que desde hace dos años estudian vías legales en España para denunciar esta situación. Aunque afirmaron que se trataría de un proceso largo, Landázuri aseguró que "no tenemos miedo a los tribunales españoles" e insistió en que es una opción que se está considerando.
