MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) remitió hoy un comunicado en el que califica de "inadmisible" la actual situación de acumulación de procedimientos en los juzgados encargados de la ejecución de sentencias de lo Penal, que según esta organización presenta "un carácter estructural en el que los trágicos casos que recientemente han aparecido en los medios de comunicación no son sino la punta del iceberg".
A este respecto, UPF considera urgente afrontar el problema "con serenidad pero con la necesaria contundencia, implicando a todos los servidores públicos -jueces, fiscales, secretarios judiciales y funcionarios- en su solución". Recuerdan que el ordenamiento jurídico garantiza un proceso público sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE).
SOLUCIONES.
Para afrontar el asunto, la UPF propone en primer lugar, la realización de "una necesaria autocrítica y promover un cambio de mentalidad" entre todos los que intervienen en el proceso penal, en especial los jueces y fiscales y los secretarios judiciales.
Además, UPF advierte de la necesidad de articular las reformas procesales y orgánicas que sean necesarias, creando más órganos especializados en ejecutorias -como ya existen en algunas ciudades-, otorgando mayores competencias a los secretarios judiciales y simplificando trámites.
Alude igualmente a la necesidad de incrementar los medios humanos -más juzgados especializados, jueces, fiscales, secretarios y funcionarios-, y materiales -utillaje informático, unificación de bases de datos y registros, mejora de los programas informáticos de gestión de los procedimientos, con indicadores de retardo de las causas-.
IMPLICAR A LA POLICÍA.
"Igualmente, podría articularse informáticamente el acceso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a determinados datos de las ejecutorias en casos de delitos graves", añaden esta asociación para reconocer que en este punto el esfuerzo corresponde al Ministerio de Justicia y también a las Comunidades Autónomas, "muchas de las cuales tienen transferidas competencias en materia de justicia, sin que quepa ampararse en reproches mutuos".
También se refiere la UPF a los organismos que tienen atribuidas las funciones inspectoras sobre los órganos judiciales, como es el Consejo General del Poder Judicial, "que no ha sabido detectar los mayores puntos negros en esta materia".
Finalmente, UPF muestra su rechazo "a todos aquellos que aprovechan trágicos sucesos para intentar imponer, al calor del dolor que tales hechos provocan, propuestas que van frontalmente en contra de la Constitución, como la pena de muerte o la cadena perpetua, que sin duda responden a una ideología que añora épocas de nuestra historia felizmente superadas".
