PAMPLONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los grupos parlamentarios de UPN, PSN y CDN afirmaron hoy que la Fiscalía debe ser la encargada de tomar una decisión sobre la ilegalización de ANV, mientras que Nafarroa Bai e Izquierda Unida mostraron su rechazo a una eventual actuación contra este partido.
El portavoz parlamentario de UPN, Carlos García Adanero, aseguró, en declaraciones a los periodistas tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral, que ANV "no debía haber participado en las elecciones en su momento y por lo tanto cuanto antes se den todos los pasos para su ilegalización, mejor".
Tras las palabras de la alcaldesa de Hernani el pasado sábado en el acto de ANV, pidiendo un aplauso para los presuntos etarras Igor Portu y Martín Sarasola, García Adanero indicó que "está demostrado desde hace mucho antes de las elecciones la vinculación de ANV con el entorno terrorista", además manifestó que ANV "no deberían estar en este momento en el debate político".
Por su parte, Roberto Jiménez, portavoz parlamentario del PSN, afirmó que "el Estado de Derecho funciona y lo hace bien", y, en este sentido, ejemplificó, tras las palabras de la alcaldesa de Hernani, que "cuando se hacen unas declaraciones y no se miden las palabras, y presuntamente están fuera de la legalidad, lo que ocurre es que la Fiscalía actúa". Por ello, defendió, ahora será "la Audiencia Nacional quien discernirá si es delito o no".
El portavoz de CDN, Juan Cruz Alli, advirtió de que el proceso contra ANV antes de las elecciones autonómicas se llevó a cabo "con un claro interés electoral", al solicitar el Gobierno la ilegalización de unas listas y no de otras, y aseguró que "el PSOE utilizó aquello en función de su interés partidista, allá donde pudiera representarle un beneficio o un perjucio para sus resultados".
Ante aquel proceso, Alli aseguró que las irregularidades observadas "habría que aplicarlas al grupo político en su conjunto, no a las de unas localidades sí y a otras no".
Asimismo, Juan Cruz Alli reseñó que la decisión final sobre la ilegalización corresponderá a los tribunales, pero apuntó que "la puesta en marcha del procedimiento es una decisión del Gobierno".
NABAI RECHAZA LA ILEGALIZACIÓN
En contra del criterio de estos grupos, Patxi Zabaleta, portavoz parlamentario de NaBai, consideró esta mañana que la posible ilegalización de ANV "es un retroceso democrático y va a suponer una vergüenza para el Estado español".
Además, indicó que "la polémica en la que ahora mismo están por motivos electorales Rajoy y Zapatero, para ver quién ilegaliza más y antes, es sinceramente una aberración democrática".
Zabaleta sostuvo que "el pacto por las libertades del PP y PSOE en tiempos de Aznar fue un retroceso democrático, la Ley de Partidos fue un retroceso democrático y las sentencias que lo han puesto en vigor son un retroceso democrático".
Asimismo, insistió en que "todas las ideas en política en una democracia evolucionada y moderna pueden ser perfectamente defendidas". Por ello añadió que "las expresiones de ideas no pueden ser delito en un estado civilizado y moderno", y "no puede haber una persecución si las expresiones son afortunadas o desafortunadas", refiriéndose así a las palabras de la alcaldesa de Hernani.
Por último, Zabaleta aseguró que "en una democracia civilizada no puede haber delitos cometidos por las expresiones ideológicas, ya que estos delitos se tienen que combatir con las ideas".
Finalmente, Izquierda Unida de Navarra, aseguró por medio de su coordinador general, José Miguel Nuin, que su coalición "no es favorable a las ilegalizaciones de formaciones políticas", y recordó que esta posición ya la manifestaron en su día desde su partido político. Al respecto, Nuin indicó que "la restricción en materia de derechos políticos no es un buen camino".
Igualmente añadió que la democracia y el Estado de Derecho "no debe ilegalizar estas formaciones", y el hecho de hacerlo "puede tener efectos negativos de cara a estos sectores sociales".
No obstante, Nuin manifestó que le parece "un escándalo político" que haya formaciones como ANV que "demuestran una hipocresía política muy grave cuando se rasgan las vestiduras en relación a los posibles vulneraciones de derechos de los presuntos miembros de ETA", y en cambio "se callen o miren para otro lado, cuando es ETA la que de forma permanente amenaza y vulnera Derechos Humanos fundamentales como la vida, de forma continuada".
