Pide al Ministerio de Economía audite a bancos y cajas para prevenir financiación de terrorismo y el blanqueo
MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
El dirigente de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Mikel Buesa, acusa al Gobierno socialista de no aplicar la Ley de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo porque, a su juicio, de hacerlo, tendría que acabar "empapelando" al Ejecutivo vasco.
Así lo puso de manifiesto Buesa a Europa Press tras conocer la respuesta que el Gobierno ha dirigido a la diputada de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, sobre la decisión que el Ayuntamiento vizcaíno de Berriz adoptó el pasado mes de mayo, cuando resolvió subvencionar con 3.000 euros a dos vecinos encausados por delitos de terrorismo.
El consistorio berriztarra acordó en pleno conceder ese dinero a dos vecinos de la localidad encausados en el juicio contra Gestoras que se les seguía en la Audiencia Nacional para sufragar los gastos de desplazamiento y estancia que ambos debían realizar a Madrid cada semana para acudir a las correspondientes vistas.
Frente a esta decisión --que salió adelante con el apoyo de los cuatro ediles de Acción Nacionalista Vasca (ANV-EAE) y la abstención de los cinco representantes del PNV y la concejala de EA--, la diputada de UPyD pidió al Gobierno que informara sobre si el Ayuntamiento de Bérriz había comunicado a la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, dependiente del Ministerio del Interior, de esa concesión y, en caso afirmativo, si la citada institución había bloqueado la operación.
Ante estas cuestiones, el Gobierno ha respondido que no tiene constancia que el citado consistorio ni ninguno de sus miembros haya comunicado esa concesión, según la información que le ha remitido el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), órgano competente para prestar asistencia a la Comisión de Vigilancia de Actividad de Financiación del Terrorismo.
EL GOBIERNO NO TIENE CONSTANCIA
Asimismo, al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no le consta tampoco la actuación de la corporación municipal sobre esta subvención, ni siquiera que ésta haya sido concedida a los dos vecinos de Berriz encausados por delitos de terrorismo.
Frente a esta contestación, el dirigente de UPyD puso en duda que el subdelegado del Gobierno en Vizcaya, Miguel Ángel Fernández, no esté enterado de la decisión adoptada por el consistorio de Berriz y, por ende, cuestionó que no la haya comunicado a la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo esa operación, como así obliga la Ley de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
Además, recordó que la citada norma contempla severas sanciones por las conductas del alcalde, los concejales o el secretario del Ayuntamiento de Bérriz que hayan podido ser contrarias a las obligaciones establecidas en ella.
En este contexto, Buesa acusó al Ejecutivo de eludir "una vez más" su responsabilidad a la hora de combatir con los instrumentos legales la financiación del terrorismo porque, a su juicio, si lo aplicara "en serio", debería "empapelar" al Gobierno vasco por desarrollar programas de gasto de financiación de actividades "que tienen que ver con el terrorismo".
PREVENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
En esta misma línea, la líder de UPyD, Rosa Díez, ha registrado una proposición no de ley en el Congreso, a la que tuvo acceso Europa Press, con la que pretende que el SEPBLAC, dependiente de la Secretaría de Estado de Economía, audite antes de un año a todas las entidades financieras domiciliadas en España para revisar sus procedimientos, con el fin de prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
En su iniciativa, UPyD, que forma parte del Grupo Mixto de la Cámara Baja, insta al Ejecutivo a formular un programa de supervisión de las deficiencias registradas a este respecto en los mecanismos de bancos y cajas.
