MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de UPyD ha puesto un plazo de seis meses al Gobierno para cumplir con la promesa que hizo el ministro Alberto Ruiz Gallardón ante el Pleno del Congreso de convertir a los partidos políticos y a los sindicatos en sujetos con responsabilidad penal como cualquier otra persona jurídica del ámbito privado.
El anuncio lo hizo el ministro de Justicia el pasado miércoles en respuesta una interpelación de la portavoz de UPyD, Rosa Díez. Según dijo, es hora de quitar a los partidos y a los sindicatos su condición actual de personas jurídicas exentas de responsabilidad penal.
"Sí, tiene toda la razón --replicó a UPyD--. No es de recibo que los partidos políticos y los sindicatos estén exceptuados de responsabilidad penal. Eso será modificado por el Gobierno y los partidos y sindicatos serán tratados exactamente igual que el resto de personas jurídicas".
Según la formación magenta, "la inclusión de los partidos en el régimen de responsabilidad de las personas jurídicas colaborará sin duda a que los mismos empiecen a cumnplir los deberes que objetivamente les competen de persecución de la lacra de la corrupción, tales como el establecimiento de filtros y medidas necesarias para erradicar a los corruptos de sus listas electorales".
Gallardón también se comprometió a estudiar la posibilidad de sacar de las listas electorales y de los cargos públicos no a los imputados, sobre los que aún no pesa indicios de responsabilidad criminal, pero sí a aquellos encausados a los que se va a abrir juicio oral.
UPYD PREFERÍA APARTAR A TODOS LOS IMPUTADOS
UPyD prefería excluir a los imputados, pero el ministro replicó que esa figura sólo busca dar garantías a la persona citada a declarar y sobre la que aún no pesa ningún indicio de criminalidad, por lo que ofreció subir el listón a una fase judicial "ulterior", concretamente la apertura del juicio oral.
Pero el ministro no puso fecha a ninguno de los dos anuncios por lo que UPyD, en la moción consecuencia de aquella interpelación de Rosa Díez, propone que las reformas legales pertinentes se acometan "en el plazo máximo de seis meses". La propuesta se votará en el Pleno del Congreso en la próxima sesión ordinaria.
