MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
Unión, Progreso y Democracia (UPyD) quiere que se implanten en España figuras similares a las que existen en otros países para proteger a los empleados públicos que denuncien casos de "malas prácticas" o corrupción dentro de la administración.
Según la líder de la formación magenta, Rosa Díez, el intento de soborno de un alcalde del PP a una concejala de UPyD en el madrileño municipio de Brunete ha destacado la importancia que tiene la colaboración de las personas que trabajan en la administración pública a la hora de destapar casos de malas prácticas, corrupción y prevaricación por parte de los gestores públicos.
Por eso, ha presentado una pregunta escrita al Gobierno en el Congreso para saber si el Gobierno tiene previsto instaurar algún tipo de figura para proteger a los trabajadores de la administración que tienen conocimiento de estos "abusos" y se atrevan a denunciarlos públicamente.
Esta figura, que en inglés recibe el nombre de "whistleblowers" (chivato) ya funciona en otros países como Estados Unidos --donde, además los casos que se denuncian tienen que ser obligatoriamente investigados-- y Reino Unido, donde desde 1998, existe un marco de protección jurídica para las personas que divulguen información sobre malas prácticas de los gestores públicos y posibles delitos de los cargos políticos.
ASUMEN UN IMPORTANTE "RIESGO PERSONAL"
De hecho, dentro de la Unión Europea, este tipo de figura sólo está vigente en Reino Unido, Luxemburgo, Rumanía y Eslovenia, según Transparencia Internacional, ONG especializada en la lucha contra la corrupción y la transparencia. Esta organización sitúa a España entre los siete miembros de la Unión que carecen de legislación alguna en esta materia.
Por todo ello, UPyD quiere saber si tiene previsto el Gobierno regular en nuestro país la figura del "whistleblower" para proteger a los empleados públicos que denuncian abusos y corrupción dentro de la administración pública y, en caso negativo, si no considera "necesario y útil" implantar algún sistema de protección para aquellas personas que se atreven a denunciar y revelar posibles delitos "asumiendo un riesgo personal significativo".
