El partido de Rosa Díez pedirá el miércoles al Gobierno crear un delito específico para este tipo de casos
MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
La líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, quiere saber si el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, piensa dimitir al "demostrarse", a su juicio, que las campañas electorales en las que ha sido candidato a la Presidencia del Gobierno se financiaron "ilegalmente".
Díez ha registrado una pregunta en el Congreso a raíz del último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que apunta a que las donaciones ilegales que ha recibido el PP en la última década se han utilizado para sufragar gastos electorales al sobrepasar las cuantías límite establecidas por ley.
Dicho informe, entregado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, señala, además, que diferentes empresas realizaron donaciones de "decenas de miles de euros" en periodos electorales al PP "sin que ninguna de las dos partes declarase tales cuantías a Hacienda o al Tribunal de Cuentas", según relata UPyD.
Ante esta información, la portavoz magenta quiere saber si el Gobierno tuvo conocimiento de que "diferentes empresarios acudían a la calle Génova a hacer donaciones económicas en efectivo" y si el presidente piensa presentar su dimisión una vez que se ha "demostrado" que sus campañas electorales "se han financiado ilegalmente".
Precisamente, el próximo miércoles el partido de Rosa Díez instará al Ejecutivo a impulsar en los tres próximos meses las reformas "necesarias" para perseguir y prevenir la corrupción política y, entre sus 'recetas', plantea que se establezcan un delito específico para la financiación ilegal de los partidos políticos aplicable tanto a la financiación ordinaria como a la electoral.
Ésta es una de las seis medidas que ha incluido en la moción que el Pleno del Congreso votará la próxima semana y que se discutirá días después de que el extesorero del PP Luis Bárcenas declarara ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que el PP "siempre" pagó parte de sus campañas electorales en 'B' y del mencionado informe de la UDEF.
El texto de UPyD es consecuencia de la interpelación que su líder, Rosa Díez, dirigió en la último sesión plenaria al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al que consiguió arrancar el compromiso de que en la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal se acabará con el "privilegio" de que los cargos públicos puedan testificar ante el juez por escrito o en su despacho, o que las personas a las que se les haya abierto juicio oral por delitos por corrupción puedan ser candidatos en una lista electoral.
YA HA PASADO LA HORA DE LAS DECLARACIONES DE PRINCIPIOS
En esa interpelación, Díez ya planteó algunas de las reivindicaciones que su partido viene reclamando combatir esta lacra y volvió a quejarse de la tardanza a la hora de poner en marcha algunas de las medidas anticorrupción ya anunciadas. "Es mucho lo que está en peligro y es urgente adoptar medidas contundentes y decisivas --apunta el texto--. Ya ha pasado la hora de las declaraciones de principios o de los acuerdos partidistas".
De ahí que en su moción urja al Ejecutivo a impulsar en los próximos tres meses algunas de las iniciativas que defiende la formación magenta en la lucha contra la corrupción política, entre las que destaca la de que la financiación ilegal de los partidos, tanto la ordinaria como la electoral.
Para UPyD, incurrirían en ese delito aquellos partidos a los que se descubrieran bienes, fondos o cualquier patrimonio oculto (sitio tanto en España como cualquier otro lugar) cuya adquisición no pueda ser debidamente justificada en virtud del régimen legal de financiación actualmente vigente y en coherencia con la contabilidad presentada a fiscalización ante el Tribunal de Cuentas.
LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO NO SON SUFICIENTES
Aunque miembros del Gobierno han "reconocido" en diversas ocasiones la necesidad de tipificar este delito y el propio Congreso aprobó una moción de UPyD en este sentido, el partido de Rosa Díez lamenta que en la reforma del Código Penal que se está tramitando en el Congreso no se incluya este extremo, lo que para el partido demuestra la "escasa" preocupación y "respeto" por los acuerdos de la Cámara Baja.
Asimismo, UPyD vuelve a insistir en la necesidad de incorporar a nuestra legislación penal el enriquecimiento "ilícito o injusto" de los cargos públicos electivos que se sustentaría en el incremento "desproporcionado" o "injustificado" de su patrimonio en relación con los ingresos que, por obligación legal, deben declarar públicamente.
De la misma forma, el partido magenta emplaza al Gobierno a que actualice el catálogo de delitos contemplados en el Código Penal para las personas jurídicas a aquellos susceptible de ser cometidos por los partidos políticos y sindicatos, singularmente en los que se refiere a los delitos electorales contemplados en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
CONTRA LOS AFORAMIENTOS
Entre otras medidas, UPyD también sugiere adoptar las medidas necesarias para combatir el "pernicioso" fenómeno de la 'puerta giratoria', un fenómeno que se da especialmente en las empresas de sectores regulados, y acometer las reformas legales que correspondan a fin de suprimir la "interminable" lista actual de aforados, que ahora el Gobierno también quiere extender a la Reina y a los Príncipes de Asturias.
Por último, anima al Gobierno a que siga las recomendaciones del Consejo de Europa contenidas en el último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) y regule los conflictos de interés y el régimen de incompatibilidades, estableciendo una política específica "de obligado cumplimiento" sobre los regalos, atenciones personales "y otras liberalidades que pretendan hacerse los políticos".
Sobre este punto, UPyD reconoce que en el proyecto de Ley reguladora del ejercicio del Alto Cargo, actualmente en tramitación, el Gobierno introduce algunas "mejoras" legales, pero lo considera insuficiente. Y, de hecho, ve "imprescindible" crear, por ejemplo, un nuevo tipo penal que castigue a los cargos públicos que no sean capaces de justificar el origen ilícito de su patrimonio una vez acabado su mandato.
