Comprende el malestar de las víctimas de ETA porque "no es ni el momento ni las formas" para abordar una problemática "que es cierta"
BILBAO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
El asesor adjunto a la Dirección de Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, Txema Urkijo, consideró que el anuncio sobre la realización de un informe sobre víctimas de "motivación política" ha surgido en un momento "tremendamente inoportuno", en vísperas de la aprobación de la Ley de Víctimas del Terrorismo, y dijo que la cuestión es "dilucidar si ha sido de manera imprudente o deliberada".
En una entrevista concedida a la cadena Ser, recogida por Europa Press, Urkijo precisó que no se está trabajando en la elaboración de una ley de víctimas de "motivación política" y explicó que "lo que ha motivado este tipo de especulaciones ha sido el hecho de que el Departamento de Justicia, a través de la Dirección de Derechos Humanos, esté elaborando un informe sobre victimas de vulneraciones de derechos humanos vinculadas con la violencia política, por encargo del Parlamento".
Según avanzó, este informe se presentará la semana que viene ante la Comisión de Derechos Humanos y fue "alguna noticia en relación a algunas de las recomendaciones que, al parecer, están incluidas en ese informe lo que motivó" que se especulara sobre la elaboración de otra ley para dar cobertura a otro tipo de víctimas de violencia de motivación política.
Tras reiterar que la existencia de este informe "probablemente surge en un momento tremendamente inoportuno", insistió en que "la cuestión está en dilucidar si ha sido de manera imprudente o deliberada el que se haya permitido que esto haya aflorado justamente en vísperas del día en que se iba a aprobar la Ley de Víctimas del Terrorismo en el Parlamento vasco, que para nosotros era una fecha histórica".
Urkijo dijo comprender que la información sobre una ley de víctimas de motivación política haya causado malestar entre las asociaciones de víctimas del terrorismo de ETA, porque, a su juicio, "no es ni el momento, ni las formas, ni la manera en la que se ha de abordar una problemática que es cierta, que es real, porque lo que no podemos hacer es negar la existencia de vulneraciones de derechos humanos, porque hay sentencias judiciales en las que se reconocen torturas".
No obstante, advirtió de que tampoco se puede establecer la conclusión de que "esto haya sido un modo de proceder sistemático por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", aunque reiteró que "sí que ha habido algunas vulneraciones de derechos humanos que conviene que tengan algún tipo de respuesta por parte de los poderes públicos".
"Pero esto -precisó- hay que explicarlo bien, hay que hacerlo bien y hay que buscar consensos, porque es un problema extremadamente delicado y de muy fácil utilización y manipulación también". Asimismo, señaló la necesidad de "diferenciarlo radicalmente de lo que es la problemática de las víctimas del terrorismo, porque la gran trampa que se plantea con esta presentación casi en paralelo es la de no equiparar tanto a las víctimas como equiparar a las violencias y presentar como diagnóstico de la realidad una situación de dos fuerzas que practican violencia enfrentados entre sí, que son ETA y el Estado".
También se refirió a la posibilidad de que se cree una oficina para atender a este tipo de víctimas similar a la de los afectados por ETA y dijo que es "muy precipitado el dar pábulo a este tipo de especulaciones" e insistió en que "no es más que una propuesta, una recomendación, contenida en el informe por parte del Departamento de Justicia que, además de ofrecer la información que ha obtenido en la investigación realizada, se permite el formular algún tipo de recomendación al Parlamento".
En ese sentido, remarcó que "debe ser el Parlamento y los grupos políticos presentes en la Comisión de Derechos Humanos quienes, a la vista de la información que se les facilite, deberán decidir qué tipo de medidas en su caso adoptan en relación a la problemática que se les presenta, pero de una manera no precipitada y no condicionada por los pasos que se vayan dando en relación a las víctimas del terrorismo, porque cada problemática tiene su propia trayectoria y son naturalezas completamente diferentes".
EXTREMA DERECHA Y GAL
Por otro lado, Urkijo indicó que en breve la Oficina de Víctimas del Terrorismo presentará en la ponencia de víctimas su propio informe sobre los afectados por atentados cometidos por grupos de la extrema derecha y el GAL. Una realidad, según dijo, que tiene "unos perfiles específicos por afectar a un sector bastante específico".
El asesor adjunto a la Dirección de Víctimas del Terrorismo que dirige Maixabel Lasa precisó que las víctimas de la extrema derecha o del GAL "presentan una problemática, unas necesidades y unas demandas exactamente igual que las víctimas del terrorismo de ETA".
"Lo que pretendemos -explicó- es identificar esa realidad y estudiar cuál es el grado de reconocimiento de los derechos que este colectivo específico de víctimas tiene en relación a lo que le proporciona el marco legal vigente".
En ese sentido, señaló que han detectado que muchas personas que forman parte de este colectivo "no han tenido acceso a las prestaciones establecidas en las administraciones públicas, bien por voluntad pública y, a veces, por falta de información suficiente".
Por ello, consideró "bastante conveniente que, en este momento, también se tenga presente la existencia de ese terrorismo pasado, pero que generó un número importante de personas afectadas, tanto asesinadas como heridas".
