ÁVILA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Vecinos de La Cañada (Ávila) presentó hoy una demanda en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo por la construcción de 59 chalés en un monte de utilidad pública por el que discurren las canalizaciones de aguas fecales. La urbanización no cuenta con servicios municipales.
Los afectados quieren que las canalizaciones se lleven por un lado de la urbanización y una indemnización de entre 1,5 y 2 millones de euros. Sus viviendas, que adquirieron en 1999, no tienen alcantarillado, ni alumbrado público y todavía hay calles sin terminar.
Javier Mérida, el presidente de la asociación, que es uno de los afectados, aseguró hoy que "algunas de las casas se están hundiendo" y anunció que también demandará al constructor por "defectos de construcción".
Para la próxima semana está previsto elevar un escrito a la Fiscalía Anticorrupción para que analice "este y otros casos, como la adjudicación de terrenos a dedo al propio constructor de esta urbanización, que ha obtenido licencia para otros 150 chalés después de esta polémica".
Mérida se dirigirá también al secretario de Organización del PSOE, José Blanco, para pedirle que "cumpla su palabra y ninguno de los concejales de La Cañada estén en las listas de las próximas elecciones por los intereses personales que puedan tener".
La situación ha sido denunciada ante la Junta, la Diputación y la Subdelegación del Gobierno "sin obtener respuesta alguna". Además, en 2001 se elevó una queja al Defensor del Pueblo y, seis años después, "ha elaborado un informe en el que se insta al Ayuntamiento a elaborar un expediente sancionador patrimonial al que se ha hecho caso omiso".
El Ayuntamiento otorgó la licencia de obras a la constructora Promociones Rústicas y Urbanas Prado Verde, propiedad de Antonio Pérez. Según Mérida, los chalés se construyeron sobre terrenos "urbanizables", pero "invadían monte público", de lo que responsabiliza al ex alcalde, Andrés Sáez, del PSOE.
También denuncia que "se han seguido otorgando licencias de obras al mismo constructor para más de 100 chalés en la misma zona" y que "gran parte de estas construcciones han sido llevadas a cabo por inmigrantes sin papeles". De hecho, el empresario Antonio Pérez fue procesado, junto a otro constructor, Fernando Vallés, por emplear a extranjeros en una urbanización de La Cañada sin contrato y sin alta en la Seguridad Social.
