De la Vega matiza a Bermejo y dice que debe dirimir el CGPJ si hubo errores en la condena y absolución del grapo

Actualizado: viernes, 4 abril 2008 15:38

Aboga por un ejercicio "responsable" de la independencia de los poderes del Estado y por una modernización y mejora en la gestión

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno en funciones, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó hoy que debe ser el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quien dirima si ha habido "un error judicial o un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia" en la condena y posterior absolución del miembro de los GRAPO Marcos Martín Ponce.

Sus palabras se distancian así de las manifestaciones efectuadas por el titular de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo, quien ayer afirmó que la sentencia absolutoria del Supremo en favor de Martín Ponce arregla el "error" cometido por la Audiencia Nacional al condenar al grapo "sin pruebas suficientes".

En la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del Gobierno en funciones, a De la Vega se le preguntó si el Ejecutivo compartía estas declaraciones de Bermejo. La portavoz del Gobierno contestó que, como se trata de un "tema jurisdiccional", es al órgano de gobierno de los jueces a quien corresponde "analizar si ha habido algún problema en este caso para dar tranquilidad a los ciudadanos y, por supuesto, a la personas concretas afectadas".

"Por tanto, debe ser desde el CGPJ desde el que se investigue lo ocurrido para establecer si ha habido un error judicial o un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Eso es lo que procede y eso es lo que espero que ocurra", insistió. "Quien lo tiene que investigar es el Consejo y determinar, en su caso, si hay responsabilidades o por error judicial o por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia".

La portavoz del Ejecutivo aprovechó la pregunta formulada para hacer una reflexión sobre el caso del miembro de los GRAPO y el del asesinato de la niña Mari Luz Cortés, ambos "desgraciados y muy duros". De la Vega quiso distinguir entre el "plano general de la justicia", si hay satisfacción por cómo funciona "como poder y servicio público", y los "casos concretos" vistos en los últimos días que provocan "mucha alarma y mucha preocupación legítima en la ciudadanía y desde luego también en el Gobierno".

Sobre el funcionamiento general de la justicia, dijo, el Ejecutivo "parte de la base de que es absolutamente imprescindible modernizar la justicia tanto en el funcionamiento de sus órganos de gobierno como poder como modernizar el servicio público de la justicia, es decir, la actuación de todos sus miembros".

ABIERTOS A REFORMAS LEGALES

"Si se precisan reformas legales, las haremos. Si se precisan más medios, los pondremos. Y los pondremos en cooperación con las distintas Administraciones", aseguró y citó algunas de las acciones que ha hecho el Gobierno socialista en este sentido en los últimos cuatro años, como aumentar la planta de jueces y fiscales "en más de 1.000 efectivos".

De la Vega señaló que es preciso "seguir invirtiendo en más medios personales y materiales", pero también "gestionar mejor", por eso, avanzó, el Ejecutivo impulsará "medidas" para ello porque "no sólo es un problema de medios, sino también de funcionamiento y de actuación rigurosa en el ámbito de los procedimientos y de lo que establece la ley".

"No se trata de derivar responsabilidades -precisó-- Pero sí se trata de que cada uno asuma sus responsabilidades". "La justicia como poder y el servicio público de la justicia tienen que estar en condiciones de dar una respuesta a los ciudadanos (...) rápida, eficaz, comprensible y en un tiempo razonable", añadió.

La portavoz del Gobierno consideró "incuestionable" la independencia de los poderes del Estado y y opinó al mismo tiempo que está "garantizada", pero el ejercicio de esa independencia, subrayó, "debe ser siempre responsable". "La independencia no puede utilizarse nunca como escudo de nadie, porque es una garantía de los ciudadanos", añadió, "para que la justicia actúe de forma independiente, imparcial, sin presión de ningún tipo, pero también de forma responsable".

En los dos casos mencionados, De la Vega defendió trabajar en cada uno de ellos para exigir en cada caso "la responsabilidad correspondiente a quien sea exigible".