MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de Vega, precisó hoy que la aplicación de la conocida como Ley de la Memoria Histórica en lo que se refiere a símbolos del franquismo y retirada de subvenciones dependerá de lo que las administraciones públicas competentes decidan.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo expuso que en lo relativo a los símbolos, la norma, en tramitación parlamentaria, contiene "un mandato a las Administraciones públicas" que es "plenamente respetuoso" con sus ámbitos competenciales. "Dice que serán éstas las que, dentro de sus competencias, puedan adoptar las medidas que consideren oportunas --indicó--. Tienen que decidir las propias administraciones sobre esas medidas".
En segundo lugar, y en lo relativo a la retirada de subvenciones a propietarios privados, entre ellos la Iglesia, por no quitar símbolos, la ministra de la Presidencia señaló que la norma "no obliga" a las administraciones a proceder "siempre en ese sentido", sino que se habla de que "podrá". "Será pues la administración competente la que a la hora de conceder una ayuda, tome la decisión en el ámbito de sus competencias", apostilló.
Indicó que al Gobierno no se le ha trasladado "preocupación" por parte de la Iglesia Católica y señaló que nada tiene que ver la norma con su financiación, que se rige en función de los acuerdos con el Vaticano.
PERSONAS "HONORABLES" FRENTE A HISTORIA
La vicepresidenta aseguró que la ley "no hace juicios" y que "no nace, ni se va a desarrollar contra nada ni contra nadie" porque está "pensada en positivo, para sumar" y no "para restar ni dividir".
"Creemos que existe todavía en España un buen número de ciudadanos que sienten que personal o familiarmente no se le han reconocido algunos derechos y eso es lo que motivó al Gobierno, no ya derechos económicos, de dinero, que en algunos casos también, sino básicamente de derechos intangibles pero esenciales, como el reconocimiento público del honor y de la dignidad, como el de reposar en un lugar digno y reconocido o como el de recuperar el nombre y la identidad personal --recalcó--. Derechos que nos reconocen como personas honorables frente a la historia, y de eso habla esta ley fundamentalmente".
La vicepresidenta sólo habló del PP cuando citó a las formaciones que no se han querido unir a la norma y que quieren "confrontar" y no citó a ERC. Por último explicó que lo que se pretende es "tratar de cerrar con honor y dignidad para todos una etapa negra y trágica la historia" de España "como país".
