MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, teme que la petición del PP de modificar la Ley de Extranjería, después de que el Ayuntamiento de Vic (Barcelona) anunciara que no empadronaría a los inmigrantes ilegales, "sea una posición política" con la que entienda que se puede "beneficiar", pero le recordó que la nueva normativa se aprobó en el Congreso de los Diputados hace sólo dos meses.
En una entrevista concedida a Europa Press, Castro recordó que en el debate parlamentario sobre la Ley de Extranjería el Grupo Popular no presentó "ni una sola enmienda" sobre el empadronamiento de inmigrantes.
Además, afirmó que el padrón "no es un instrumento para condicionar la situación legal de las personas", y para explicar esto la FEMP ha elaborado un informe jurídico para que los alcaldes españoles dispongan de un documento que "sustente su posición política".
Según Castro, en este informe se detalla que "no se puede exigir ningún otro documento que el que garantice que eres quien dices que eres" y que, de este modo, "no hay ningún otro documento que se tenga que pedir" a la hora de empadronar a una persona.
Sobre el caso de la localidad de Torrejón de Ardoz (Madrid), que no empadrona a los extranjeros que tienen visado de turista o a todos aquellos que viven en un domicilio con un espacio inferior a 20 metros cuadrados por persona, Castro subrayó que de ser así "la mitad de los vecinos de Torrejón se tendrían que marchar".
"No se puede seguir insistiendo en una situación o por desconocimiento o por equivocación. Lo que se está haciendo en Torrejón o lo que se pretendía hacer en Vic no está de acuerdo con la ley, por lo que pido a todos los ayuntamientos que sigan este mismo criterio", señaló.
CORRPUCIÓN
Otro informe que elaboró la FEMP, y que fue aprobado en su Comisión Ejecutiva, el pasado otoño fue el denominado Código de Buen Gobierno en el que se aborda la aplicación de los principios de transparencia y de compromiso con la ética pública y la calidad de la democracia en la gestión municipal. Además, contiene una mención expresa a la necesidad de asumir, sin reservas, el Pacto Antitransfuguismo así como propuestas de normas sobre aceptación de regalos.
Castro explicó que, debido a que una de las funciones de la FEMP es "asesorar" a las entidades locales, se trata de un "documento objetivo" que sirva para establecer "unas pautas y unos criterios" a los ayuntamientos.
Concretamente, el informe considera de "obligado cumplimiento" que todos los cargos públicos de la administración en cuestión, así como sus familiares, publiquen su patrimonio en la página web de la localidad y que esta información se renueve cada año.
De este modo, añadió Castro, se intenta que "todas las decisiones sean absolutamente transparentes", es decir, que "no haya información privilegiada y que todos los vecinos conozcan por dónde van los planes generales de cada ayuntamiento".
A pesar de esto, el presidente de la FEMP consideró que "el que es corrupto lo va a ser", pero defendió al "99 por ciento" de alcaldes y concejales que "día a día se deja lo mejor de sí mismo para los ciudadanos". "Hay que participar y fiscalizar la labor de la vida municipal, así los ciudadanos van a ganar en confianza y seguridad porque saben que tienen agarrada la sartén por el mango", añadió.
