MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha convocado el próximo día 19 de marzo a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso para analizar las dos últimas leyes anticorrupción que el Ejecutivo ha remitido a las Cortes: el proyecto de ley reguladora del régimen económico de los partidos y el que regula el alto cargo de la Administración General del Estado.
El Consejo de Ministros aprobó ambos proyectos, que considera "dos pilares esenciales" de su Plan de Regeneración Democrática, el pasado 21 de febrero y entonces la vicepresidenta ya anunció su intención de citar a la oposición para buscar acuerdos. Según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias, ya se ha puesto en contacto con ellos para fijar esa primera cita.
La regulación del alto cargo de la Administración General del Estado les obliga a realizar una declaración responsable, regula su régimen retributivo, fija un control de los gastos de representación y crea un sistema de alta temprana de conflictos de intereses. Además, la ley incluye un refuerzo de la oficina de conflicto de intereses, y prohíbe que los condenados por "determinados delitos", como el de terrorismo, no puedan ejercer cargos públicos mientras tengan antecedentes penales.
Por su parte, el proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económica-financiera de los partidos, prohíbe las donaciones de personas jurídicas y la condonación de deudas por entidades de crédito, fuerza a las formaciones políticas a publicar en su página web las donaciones de personas físicas cuyo importe sea superior a 50.000 euros y establece comparecencias parlamentarias de los tesoreros de los partidos.
MANDATO DEL CONGRESO
La semana pasada, en el marco del Debate sobre el estado de la Nación, el Congreso aprobó una propuesta de resolución pactada entre el PP y CiU en la que se instaba al Ejecutivo a pactar medidas anticorrupción con todos los grupos parlamentarios. El texto, contó con el apoyo de UPyD y el PNV, mientras que el PSOE e Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) optaron por la abstención.
En concreto esa moción emplaza al Gobierno a "buscar y promover el diálogo" con los grupos parlamentarios durante la tramitación de los dos últimos proyectos de ley sobre esta materia aprobados por el Consejo de Ministros. A ese marco de diálogo, además de estas iniciativas del Gobierno habrán de incorporarse al debate "todas las propuestas y aportaciones que formulen" los grupos parlamentarios.
MISMO ESQUEMA QUE LA LEY DE TRANSPARENCIA
La resolución también prevé la convocatoria de una ronda de comparecencias de expertos en la Comisión Constitucional del Congreso para que trasladen sus opiniones y éstas permitan a los partidos "adoptar las medidas más efectivas" en esta materia.
Ese es el mismo esquema que se siguió para la tramitación de la Ley de Transparencia, una norma que al final sólo recibió el apoyo del PP y los nacionales de CiU y PNV. De hecho, durante gran parte de su tramitación parlamentaria sólo participaron PP y Unión, Progreso y Democracia, ya que PSOE e Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) se desvincularon en protesta por la falta de explicaciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre el 'caso Bárcenas'.
