BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
La víctima de Tomás Pardo, más conocido como el 'violador de Martorell', ha denunciado que el trato que le dispensaron los tribunales, en concreto la Audiencia de Barcelona, y la Fiscalía durante el proceso que llevó finalmente a la cárcel a su agresor fue "deficiente" y asegura que en el juicio se sucedieron "continuos errores" que le llevaron a perder "la fe en la Justicia".
Según la queja presentada ante el Ministerio de Justicia por la agredida, Lucía Murillo, a la que ha tenido acceso Europa Press, la mujer no sólo fue víctima de su violador sino también de la propia Administración, quién incurrió en "irregularidades" tales como la "dilación indebida en la tramitación" o la "nula" información recibida sobre el proceso del que Murillo era "parte afectada".
La víctima mantiene que los errores en la tramitación fueron los culpables de que su agresor estuviera tres meses y medio en libertad provisional tras pasar dos años en prisión preventiva. Entonces, la Audiencia de Barcelona y la Fiscalía se acusaron mutuamente del error, ya que la primera negó haber recibido una petición de prórroga de la prisión provisional que la Fiscalía aseguraba haber enviado.
En declaraciones a Europa Press, el abogado de Lucía Murillo, Álex Zaragüeta, concluyó que la Sección Segunda del Tribunal provincial cometió un error al que se sumó el no avisar a la víctima de la puesta en libertad de su agresor. Murillo se enteró de la situación cuando la Guardia Civil se presentó en su domicilio para informarle de que habían recibido órdenes de darle protección.
Tras conocer la noticia se personó en la Audiencia de Barcelona para saber qué había sucedido y, según explicó a Europa Press, el mismo magistrado le dijo que estuviera "tranquila" porque había hablado con el agresor y parecía "un buen chico". "Se le fue la cabeza, pero está arrepentido y no da el perfil de persona peligrosa", le dijo a la víctima.
Murillo negó que Pardo padeciese algún tipo de locura ya que, según recordó, actuó "minuciosamente", sabiendo "lo que hacía y las consecuencias que podían derivarse de sus actos".
LA SENTENCIA BUSCA "MACHACAR" A LA FISCALÍA.
Por otro lado, las reclamaciones de Murillo también están relacionadas con la sentencia que condenaba a Pardo a una pena de 26 años de cárcel por robar y agredir a una mujer y violar e intentar acabar con la vida de Lucía Murillo media hora después, tras abordarlas cuando salían del trabajo.
En el caso de Lucía, Pardo la llevó hasta un paraje abandonado conocido como 'Can Coromines' en Martorell (Barcelona), ató a la mujer a un árbol con unas correas de persiana que llevaba preparadas y la desnudó cortándole la ropa. Luego, la intentó violar en repetidas ocasiones y la obligó a practicarle una felación.
Una vez consumada la agresión sexual, el procesado desató a la víctima, la llevó hasta las inmediaciones de un barranco y le clavó una navaja en el cuello, retorciéndole el arma. Creyendo que Lucía estaba muerta, el agresor la arrojó al foso y se dio a la fuga.
En este caso, el motivo de la reclamación es que, para Zaragüeta, la sentencia, más que favorecer a la víctima, pretendía "machacar a la Fiscalía" por los errores cometidos durante todo el proceso.
El letrado de la víctima considera "alucinante" que el Tribunal no considerara el agravante de uso de arma peligrosa porque la navaja que portaba el agresor y que usó al abordar a la víctima en la calle para meterla en el coche no fue utilizada mientras cometía el delito de violación.
En este punto, según Zaragüeta, la fiscal volvió a incurrir en un error, ya que no modificó sus conclusiones teniendo en cuenta la declaración de la víctima durante el juicio, momento en que aclaró que Pardo utilizó el arma en todo momento para forzarla a hacer su voluntad.
Según el letrado, la actitud de la Fiscalía de "despreocuparse de la víctima" y no tener comunicación con ella, es la que marcó todo el proceso. Este hecho queda demostrado, a su entender, desde el momento en que la fiscal pidió una indemnización de 6.000 euros por las secuelas ocasionadas, cuando el cálculo de todos los problemas de salud derivados de la agresión ascienden a 80.000 euros, tal y como solicita Zaragüeta en su reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado.
De momento, la queja presentada por Lucía Murillo no ha prosperado, ya que el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), encargado de investigar la actuación de la Administración de Justicia en este caso, sostiene que se actuó correctamente.
La afectada, no obstante, se ha ratificado en el escrito presentado al Ministerio de Justicia con la esperanza de que se reconozca el trato "deficiente" que padeció y "se haga Justicia finalmente".
