El juez pide a Telecinco información sobre un programa en el que se vertieron "informaciones ultrajantes" sobre uno de los prejudicados
MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción para el próximo 3 de octubre al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, su mujer Gemma Alcalá, su socio Rafael Redondo y otros cuatro investigados por el proyecto por el espionaje entre miembros de la familia García Cereceda en el contexto de la pugna por una herencia, según informan a Europa Press en fuentes jurídicas.
Se trata de la tercera pieza separada de la macrocausa 'Tándem' relativa al encargo que la administradora de la promotora Procisa, Susana García Cereceda, junto a su socio Francisco Peñalver y su jefe de Seguridad, David Fernández Aumente, hicieron a Villarejo entre 2012 y 2014 para posicionarse en la pugna por la herencia millonaria del constructor Luis García Cereceda frente a su otra hija y su viuda, y por el que acabaron pagando al comisario 340.252 euros de la empresa.
Tanto Susana García Cereceda como Peñalver y Fernández Aumente han sido citados a declarar como imputados el próximo 3 de octubre, cuando juez y fiscales han acordado asimismo convocar como persona jurídica a Procisa a través de las tres mercantiles en que se escindió en el año 2016 --La Finca Global Assets (oficinas); La Finca Promociones y Conciertos Inmobiliarios (residencial) y La Finca Somosaguas Golf-- en tanto que herederas de su posible responsabilidad penal en delitos de cohecho continuado y revelación de secretos.
El proyecto 'Land' arrancó en 2013, se desarrolló durante un año, tenía tres fases y un plan de facturación en dos tramos: un primer nivel de "investigación exhaustiva" con un precio de 275.000 euros y otro nivel de "rentabilización de los resultados" por 150.000 euros más, por lo que Anticorrupción sostiene que debieron cumplirse objetivos al menos, parcialmente, dado que se abonaron 340.252 euros a mercantiles de Villarejo.
No obstante, se investiga a Procisa también por un proyecto anterior, pues ya en 2012 había pagado 21.830 euros al comisario por un informe sobre tres empresas con las que tenían un litigio y la juez de Pozuelo que había de resolverlo, a quien se hicieron seguimientos.
En total se abonaron "desde la mercantil Procisa" 362.082 euros en tres años y con "el máximo de opacidad", de acuerdo a los investigadores. Los pagos, según detallaba el escrito de Fiscalía que pedía la imputación, se ejecutaron "de forma opaca en los términos que las partes pactaron" y después se "enmascararon" en la contabilidad de la promotora.
SEGUIMIENTOS, INTOXICACIÓN INFORMATIVA
A cambio, Villarejo y sus socios desarrollaron un proyecto con objetivos como "conocer las 'debilidades/irregularidades'" del cuñado de Susana García Cereceda para "generar desconcierto y/o desconfianza con maniobras de intoxicación informativa" sobre él, o investigar la vida íntima de un amigo de la viuda, el arquitecto Joaquín Torres, para "difundir información en los medios de comunicación que perjudique su honorabilidad".
En este caso, según la tesis de los investigadores, se trataba de "presionarle y que Procisa obtuviera una posición de ventaja en los contenciosos económicos" que mantenían, "llegando a conseguir a través de maniobras de intoxicación informativa por medio de los contactos de Villarejo en la cadena Tele5 que Joaquín Torres abandone su colaboración periódica en el programa Sálvame mediante la divulgación de informaciones ultrajantes en el programa 'Cazamariposas' de la misma cadena".
Precisamente, en el auto de las citaciones al que ha tenido acceso Europa Press, el juez requiere a Tele 5 que informe sobre la fecha de emisión del programa "Cazamariposas Vip" cuya grabación fue aportada por la representación de Torres el pasado mes de marzo y cuya incorporación a la presente pieza fue interesada por Anticorrupción.
LA RED, INVESTIGADA
En la ejecución, Villarejo consiguió para sus clientes datos de posicionamiento y tráfico de llamadas telefónicas de las personas objeto de la investigación --Jaime Ostos, Yolanda García Cereceda, Joaquín Torres, Susana Gómez Cuétara y dos amigos de éstos--, así como desarrolló "otras medidas de seguimiento personal directamente dirigidas a conocer vínculos de carácter estrictamente íntimo que les permitieran posteriormente utilizarlos como instrumento de presión a su favor en las controversias económicas sobre el patrimonio social y familiar existentes".
De acuerdo a los investigadores, no actuó solo pues al igual que en otros de los proyectos objeto de la macrocausa que instruye la Audiencia Nacional, Villarejo habría recurrido a sus contactos en la Policía Nacional para obtener datos personales de sus investigados. El comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño y los policías ya retirados Juan José Díez Álvarez y Manuel Novoa Martínez, están investigados por este asunto y niegan su implicación.
