El comisario será interrogado por videoconferencia desde la prisión de Extremera por sus problemas de salud
MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, interrogará el próximo jueves instancias de la Fiscalía Anticorrupción al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, su mujer Gemma Alcalá, su socio Rafael Redondo y otros cuatro investigados por el proyecto por el espionaje entre miembros de la familia García Cereceda en el contexto de la pugna por una herencia. Villarejo responderá por videoconferencia desde la cárcel de Extremera (Madrid) donde cumple prisión preventiva, debido a sus problemas de salud.
El espionaje entre los García Cereceda constituye la tercera pieza separada de la macrocausa 'Tándem', y en ella se investiga un supuesto encargo que la administradora de la promotora Procisa, Susana García Cereceda, junto a su socio Francisco Peñalver y su jefe de Seguridad, David Fernández Aumente, hicieron a Villarejo entre 2012 y 2014 para posicionarse en la pugna por la herencia millonaria del constructor Luis García Cereceda frente a su otra hija y su viuda, y por el que acabaron pagando al comisario 340.252 euros de la empresa.
Tanto Susana García Cereceda como Peñalver y Fernández Aumente han sido citados a declarar como imputados el próximo 3 de octubre, cuando juez y fiscales han acordado asimismo convocar como persona jurídica a Procisa a través de las tres mercantiles en que se escindió en el año 2016 --La Finca Global Assets (oficinas); La Finca Promociones y Conciertos Inmobiliarios (residencial) y La Finca Somosaguas Golf-- en tanto que herederas de su posible responsabilidad penal en delitos de cohecho continuado y revelación de secretos.
El proyecto 'Land' arrancó en 2013, se desarrolló durante un año, tenía tres fases y un plan de facturación en dos tramos: un primer nivel de "investigación exhaustiva" con un precio de 275.000 euros y otro nivel de "rentabilización de los resultados" por 150.000 euros más, por lo que Anticorrupción sostiene que debieron cumplirse objetivos al menos, parcialmente, dado que se abonaron 340.252 euros a mercantiles de Villarejo.
No obstante, se investiga a Procisa también por un proyecto anterior, pues ya en 2012 había pagado 21.830 euros al comisario por un informe sobre tres empresas con las que tenían un litigio y la juez de Pozuelo que había de resolverlo, a quien se hicieron seguimientos.
En total se abonaron "desde la mercantil Procisa" 362.082 euros en tres años y con "el máximo de opacidad", de acuerdo a los investigadores. Los pagos, según detallaba el escrito de Fiscalía que pedía la imputación, se ejecutaron "de forma opaca en los términos que las partes pactaron" y después se "enmascararon" en la contabilidad de la promotora.
SEGUIMIENTOS, INTOXICACIÓN INFORMATIVA
A cambio, Villarejo y sus socios desarrollaron un proyecto con objetivos como "conocer las 'debilidades/irregularidades'" del cuñado de Susana García Cereceda para "generar desconcierto y/o desconfianza con maniobras de intoxicación informativa" sobre él, o investigar la vida íntima de un amigo de la viuda, el arquitecto Joaquín Torres, para "difundir información en los medios de comunicación que perjudique su honorabilidad".
En este caso, según la tesis de los investigadores, se trataba de "presionarle y que Procisa obtuviera una posición de ventaja en los contenciosos económicos" que mantenían, "llegando a conseguir a través de maniobras de intoxicación informativa por medio de los contactos de Villarejo en la cadena Tele5 que Joaquín Torres abandone su colaboración periódica en el programa Sálvame mediante la divulgación de informaciones ultrajantes en el programa 'Cazamariposas' de la misma cadena".
Así, y según las investigaciones, Villarejo consiguió para sus clientes datos de posicionamiento y tráfico de llamadas telefónicas de las personas objeto de la investigación --Jaime Ostos, Yolanda García Cereceda, Joaquín Torres, Susana Gómez Cuétara y dos amigos de éstos--, así como desarrolló "otras medidas de seguimiento personal directamente dirigidas a conocer vínculos de carácter estrictamente íntimo que les permitieran posteriormente utilizarlos como instrumento de presión a su favor en las controversias económicas sobre el patrimonio social y familiar existentes".
