MÁLAGA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga dejó hoy visto para sentencia el juicio por el caso 'Belmonsa' celebrado sólo contra el abogado y ex asesor en Marbella (Málaga) José Luis Sierra después de que el resto de procesados, entre ellos el ex alcalde marbellí Julián Muñoz y el que fuera asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, mostraran el pasado jueves su conformidad con la acusación del fiscal y con la modificación de las penas.
La Fiscalía acusa a Sierra como cooperador necesario en un delito contra la ordenación del territorio. Inicialmente, el fiscal pedía un año y medio de prisión para Sierra, aunque en las conclusiones finales que tuvieron lugar hoy rebajó este tiempo a un año de cárcel, manteniendo la misma petición de nueve años de inhabilitación especial.
Así, el fiscal entiende, según indicaron fuentes judiciales a Europa Press, que Sierra fue convocado antes de una comisión de Gobierno junto con el resto de concejales a una reunión, en la que informó como asesor jurídico del Ayuntamiento respecto a la licencia solicitada por la empresa Belmonsa en 1997 para construir un edificio de 12 plantas con 112 viviendas en los Llanos de San Ramón.
En su declaración del pasado jueves, sostuvo, como en otros casos, que el informe que hizo permitía dar licencias según la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de forma provisional, según informaron fuentes de las acusaciones, e indicó que los ex ediles "mienten" al decir que él se reunió con ellos para informarles de la licencia previamente a su otorgamiento.
Esta causa está en relación con la operación urbanística desarrollada entre el Consistorio marbellí y la empresa Belmonsa sobre unos terrenos municipales y respecto a la concesión en la comisión de gobierno de mayo de 1997 de licencia de obra al proyecto básico sobre un suelo calificado en una parte que quedaba afectada por el complejo como viario público según el Plan General de 1968. Asimismo, en diciembre del mismo año se concedió licencia al proyecto de ejecución de dicha promoción.
Por su parte, la letrada de una de las acusaciones Inmaculada Gálvez acusó a la Fiscalía de seguir defendiendo que "no hay responsables civiles" en los casos por delito urbanístico y precisó que, "mientras que Málaga podría sentar jurisprudencia" en este tipo delictivo por los casos "tan importantes de corrupción" que se han dado, "tenemos una Fiscalía que no ejerce su cometido".
"No podemos esperar de la Fiscalía que los derechos de los perjudicados en Marbella y en otros municipios en materia de delitos urbanísticos se amparen", lamentó la abogada, quien apuntó que "están locos por terminar el asunto, por firmar, por llegar a acuerdos y llegar a convenios". Además, criticó que se produzca la legalización del edificio "sin repararse el daño".
En esta causa, el acuerdo de conformidad al que llegaron acusados y Fiscalía el pasado jueves contempló un año de prisión y 10 de inhabilitación por dos delitos contra la ordenación del territorio para Muñoz y los ex concejales Mario Jiménez Notario, Manuel Calle y Rafael González, para los que el fiscal pedía inicialmente dos años de cárcel.
Mientras, el ex edil José Marino Pomares se conformó con una pena de seis meses de prisión --antes se solicitaba por parte de la acusación pública un año de cárcel-- y siete años de inhabilitación, en este caso, sólo por un delito urbanístico.
En el caso de Roca, éste aceptó una pena de nueve meses de prisión, cinco de inhabilitación y multa de 2,4 millones de euros, con la responsabilidad de un mes de prisión en caso de impago, por un delito de tráfico de influencias, tras mostrarse, como los demás, conforme con el escrito de acusación modificado del fiscal y reconocer los hechos.
Además, el ex edil Pedro Román, Muñoz, González, Calle, Jiménez y Marisa Alcalá, ex ediles marbellíes, se conformaron con ocho años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación genérico, delito que no sufrió modificación alguna en cuanto a la pena a imponer.
