HUELVA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
El juicio contra M.A.M.; F.C.V.; M.D.Q.; M.M.L.; M.F.S.; J.L.E., y J.I.V., para los que la Fiscalía de Huelva ha solicitado tres años de prisión por la muerte en la localidad de Isla Cristina de un niño de siete años que sufrió una descarga eléctrica tras pisar una arqueta colocada previamente por los procesados y que carecía del aislamiento suficiente, concluyó en la tarde de hoy con la presentación de los informes finales por cada unas de las partes presentes en el caso.
Este juicio comenzó ayer lunes en el Juzgado de lo Penal número 2 de Huelva con la declaración de los siete acusados y de los peritos, mientras que en el día de hoy, en jornada de mañana y tarde, tuvo lugar la prueba testifical de algunos de los testigos y la presentación de los informes finales de la acusación particular, la Fiscalía y los seis abogados de la defensa, informaron a Europa Press fuentes judiciales.
El primero en declarar ayer fue el arquitecto M.S.F., quien admitió un "error" en las medidas con las que se desarrolló la zanja donde iba ubicada la línea de baja tensión de la arqueta que produjo la muerte por electrocución del menor, pero eludió tener cualquier responsabilidad en el mismo pues, según explicó, "en el esquema del proyecto --que él mismo redactó-- se contemplaban 0,8 metros de profundidad para la zanja, algo que finalmente no se llevó a cabo pero que era responsabilidad de los técnicos".
En este sentido, defendió que no percibió el "error" hasta que se produjo el fatal accidente, cuando este niño de siete años falleció electrocutado tras pisar una arqueta colocada previamente por los procesados y que carecía del aislamiento suficiente, asegurando sentirse "engañado" por el hecho de que "pagar unas arquetas y conducciones que no se hicieron luego convenientemente".
El arquitecto relató que, junto con el aparejador, visitó semanalmente estas obras, pero insistió en que su trabajo "se limitaba a la redacción del esquema del proyecto, mientras que su ejecución ya es responsabilidad de los técnicos especialistas", por lo que insistió en que "cuando se hicieron estas zanjas no sabía que se estaba haciendo con una profundidad inadecuada".
Según recoge el Ministerio Público en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, el día 19 de mayo de 2002 este menor de siete años de edad se encontraba en las instalaciones de la piscina de la urbanización Monte Real y, al pisar con los pies mojados y sin calzar una arqueta con la cubierta metálica situada a la salida de esta piscina que carecía de aislamiento suficiente, sufrió una descarga eléctrica que produjo su electrocución y fallecimiento al día siguiente.
El fiscal indica que, a pesar de la inmediata asistencia médica recibida, el menor falleció a consecuencia de un fallo multiorgánico debido a la electrocución, precisando que la arqueta en la que se encontraba la instalación de cables y que provocó la descarga no reunía las condiciones mínimas exigibles para una correcta instalación y no llegaba a los 60 centímetros de profundidad y anchura, mientras que los cables no contaban con suficiente material de aislamiento y tocaban la tapa metálica de la arqueta.
HOMICIDIO IMPRUDENTE.
Esta instalación, según asegura la Fiscalía, fue llevada a cabo por M.A.M., jefe de obra de la empresa Gyesa, y por F.C.V., instalador autorizado de la empresa Chacón Montajes Eléctricos; M.D.Q., empleado de la misma, y M.M.L., empleado de Sevillana Endesa que dio el visto bueno a la instalación eléctrica con el conocimiento de que la ocupación del subsuelo por los cables conductores no se había hecho con la profundidad suficiente, "con clara infracción de las normativas sobre esta materia".
Toda la instalación eléctrica mencionada se había realizado sobre la base del proyecto elaborado por los arquitectos M.F.S. y J.L.E., que se ocuparon de la supervisión del mismo como directivos facultativos, y que fue igualmente firmado dentro de sus competencias por el aparejador J.I.V., "conocedores todos ellos de las anomalías y deficiencias en la instalación y que no actuaron con la debida diligencia para impedir que dicha instalación entrara en funcionamiento con el consiguiente riesgo para las personas que habían de servirse de ella".
Por todo ello, la Fiscalía pide para cada uno de los siete acusados tres años de prisión por un presunto delito de homicidio imprudente, así como el pago a los padres del menor de 88.562,94 euros, esto último en colaboración con las empresas instaladoras.
