MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
La voluntaria española Cristina Valls presentó hoy un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para solicitar que se investigue la querella que presentó contra más de un centenar de agentes de policía mexicanos por delitos de "torturas", "abusos sexuales" y "violación" presuntamente cometidos durante su detención en mayo de 2006 en la revuelta que tuvo lugar en las localidades mexicanas de Texcoco y Atenco y que fue archivada por la Audiencia Nacional.
Según indica la organización Women's Link Worldwide --que la representa-- en una nota de prensa, el recurso se basa en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de la ciudadana española.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó en febrero el archivo de la querella presentada por Valls al considerar que está "demostrado que se está produciendo una investigación criminal por parte de las autoridades judiciales mexicanas". "No se debe abrir otro procedimiento por los mismos hechos y contra las mismas personas", decía la Sala.
La Audiencia Nacional consideró que "la jurisdicción del lugar donde se producen los hechos es más adecuada para la investigación", eso sí --añadía-- "siempre que esta se ejerza de forma eficaz".
Además, el auto destacaba que a pesar de que los hechos podrían enmarcarse en el principio de la jurisdicción universal, ésta "no puede ejercerse de forma unilateral por un Estado sobre cualquier delito" ya que este hecho podría provocar "una situación conflictiva e inaceptada en el ámbito internacional"
Cristina Valls, presentó la demanda en enero del pasado año con el apoyo de la organización internacional defensora de los derechos de las mujeres Women's Link Worldwide, y denunciaba concretamente a 140 miembros de la Policía Federal Preventiva, la Policía del Estado de México y las policías municipales de Texcoco, aunque aseguraba que el número de responsables de los abusos "es más alto".
Los hechos tuvieron lugar entre el 3 y el 5 de mayo de 2006 durante el "operativo brutal" que desplegaron 3.000 policías durante las protestas protagonizadas por campesinos contra el proyecto para la construcción de un nuevo aeropuerto internacional para la Ciudad de México que pretendía confiscarles sus tierras.
Conocido como el 'caso Atenco', los abogados de la organización califican lo ocurrido como "un gravísimo episodio de represión policial y violación de derechos fundamentales".
La directora ejecutiva de la organización, Viviana Waisman, explicó en rueda de prensa que en los sucesos participaron 3.000 policías, que detuvieron a 200 personas de las cuales 47 eran mujeres. Aclaró "que todas han alegado que fueron víctimas de abusos sexuales y violación" durante su traslado en camiones al Centro de Prevención y Readaptación Santiaguito.
Valls explicó que el trayecto, que "en condiciones normales se puede hacer en dos horas", duró seis y que iban "apiladas en el suelo del camión".
La demandante aseguró que "todos los momentos fueron duros", aunque destacó la impotencia que sintió al ver cómo los medios mexicanos "tergiversaron y criminalizaron" el caso dejando ver que "eran los campesinos los que golpeaban a los policías", cuando en realidad "había una proporción de diez a uno" favorable a los agentes.
