Pondría "las manos en el fuego" por la "actuación" del Gobierno con "arreglo a la Ley" en los asuntos judiciales relacionados con EEUU
MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, aseguró hoy que la ex vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el ex ministro, Miguel Angel Moratinos, están "profundamente ofendidos" por la información que ha aparecido sobre los papeles de Wikileaks, en relación con los cables enviados a EEUU por la embajada americana en España, según la cual ambos habrían trabajado para que se cerraran procesos judiciales que afectan a EE.UU. Además, dijo poner las "manos en el fuego" por la actuación del Gobierno con "arreglo a la Ley" en estos asuntos.
En una entrevista concedida a Europa Press, Jáuregui explicó que, tras la filtración de los cables de la embajada de EEUU en Madrid por parte de Wikileaks, el Gobierno se ha puesto en contacto con De la Vega y Moratinos, de quienes dijo que "han sido injustamente tratados" y "especialmente" en lo que se refiere a los "famosos vuelos de la CIA", donde asegura constarle que "la actuación del Gobierno ha sido siempre escrupulosa con la Ley".
El ministro defendió la actuación, tanto de De la Vega como de Moratinos, porque se trata, dijo, de personas que han trabajado "de manera particularmente intensa para evitar cualquier tipo de actuación fuera de la Ley". "Han sido escrupulosos", recalcó.
Por ello, reiteró que el Gobierno quiere "elevar su voz en su defensa" y dijo no poder ocultar que ellos se sienten "profundamente ofendidos" en esta materia.
De hecho, Ramón Jáuregui fue categórico en este asunto y dijo poner "no la mano", sino "las manos en el fuego" respecto de lo que ha sido la actuación de "este Gobierno y del Gobierno anterior". Se trata, dijo, de una "actuación independiente" y "por supuesto, con arreglo a la Ley y al Estado de Derecho en todos los asuntos, ya sean conflictivos con EEUU, los vuelos de la CIA, el caso Couso,...".
Tras esta afirmación, quiso "enarbolar la bandera de la honestidad y la transparencia" en relación con la actitud que el Gobierno ha tenido en relación con estos asuntos.
"EL SERVICIO DIPLOMÁTICO DE EEUU NO QUEDA BIEN PARADO"
"Otra cosa --advierte-- es lo que haya podido decir un embajador o se haya podido escribir en papeles de parte, pero tengo que reiterar en concreto la buena fé de María Teresa Fernández de la Vega y del propio Moratinos".
En opinión de Jáuregui, la filtración de estos telegramas ha puesto de manifiesto que el "lenguaje interno" dentro de un Gobierno, en lo que es la comunicación, "puede ser manifiestamente mejorable". "A mi no me gusta la manera en la que se expresan determinadas personas o cosas y comentarios que he visto sobre múltiples personas", afirmó el ministro, quien considera que este lenguaje no forma parte "precisamente" de un "lenguaje diplomático".
Dijo comprender que se trata de una comunicación interna, pero también deploró que se produzcan "calificativos" que a veces afectan al buen nombre de las personas. En este sentido, considera que "el servicio diplomático norteamericano también tomará sus propias decisiones, porque tampoco queda precisamente bien parado con esa manera de comunicar".
"HABRÁ MAS PRUDENCIA EN DETERMINADAS CONVERSACIONES"
El ministro de la Presidencia estima que puede que a partir de estas filtraciones "la gente tenga más prudencia o más discreción a la hora de manifestarse en determinadas conversaciones". "Entiendo que es una consecuencia lógica", apostilló.
No obstante, y a pesar de que reivindicó la "transparencia" también consideró necesario el "respeto a la intimidad" en el proceso en el que se van construyendo las acciones políticas.
Sin embargo, Ramón Jáuregui no cree que sea necesario realizar una reforma legal para hacer frente a este tipo de filtraciones ya que no cree que sea un problema de legalidad y "mucho menos en un ámbito internacional donde la persecución resulta mucho más difícil".
En su opinión, sería bueno realizar un "cierto control" de las informaciones que se colocan en la red, pero no por parte de los gobiernos, sino "más bien" se trataría de "autocontrol". "No creo que sea un problema de legalidades", concluyó.
