Afirma que el aparato se contrató por limitaciones presupuestarias y denuncia ánimo de ocultación en el Ministerio
MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, afirmó hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska que el avión Yakovlev-42 que se estrelló en 2003 causando la muerte de 62 militares españoles no debió realizar el vuelo en el que se produjo el accidente porque no reunía las condiciones de seguridad necesarias y que la cúpula militar del Ministerio de Defensa e incluso el gabinete del entonces ministro Federico Trillo pudieron tener conocimiento de las quejas que existían sobre estos aparatos, informaron fuentes jurídicas.
El ex ministro de Defensa, que compareció durante cerca de dos horas y media ante el juez y se reunió durante diez minutos con familiares de las víctimas, declaró a las puertas de la Audiencia Nacional que había acudido al tribunal "por respeto a la Justicia y a la memoria de los que murieron", aunque no quiso revelar los detalles de su declaración, que, según fuentes jurídicas, fue muy similar a la que realizó el 21 de octubre de 2004 en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
Según las citadas fuentes, Bono señaló que antes de que se produjera el accidente existía un malestar elocuente entre los militares españoles, lo que se tradujo en un total de 18 quejas que llegaron al Estado Mayor Conjunto (EMACON). En ellas se ponían de manifiesto las condiciones que presentaban los aviones que Defensa estaba contratando a compañías de antiguas repúblicas ex soviéticas, como el Yakovlev-42 siniestrado, que la agencia de la OTAN Namsa subcontrató a la ucraniana UM-Air a través de la intermediaria Chapman Freeborn.
UNA QUEJA PUDO LLEGAR AL GABINETE DE TRILLO
Entre ellas, aseguró que la queja formulada en abril de 2003 por el teniente coronel Marino, del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (CISET), pudo llegar al Estado Mayor de la Defensa (EMAD) e incluso al gabinete del ministro Federico Trillo, tal y como acreditan documentos del Ministerio que Bono se comprometió a entregar al juez. Este informe denunciaba las condiciones de habitabilidad del avión y que una parte de la carga no viajaba amarrada.
Del mismo modo, indicó que el informe elaborado por el Mando Aéreo de Levante (MALEV) en el que se incluyeron dos partes de incidencia sobre aviones Tupolev e Illushyn llegó por fax al Ministerio tras pasar por el gabinete del jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA) y el Centro de Coordinación de la Defensa (CECOD). Asimismo, apuntó que, según sus informes, en el vuelo en el que se produjo el accidente se cometieron un total de 22 irregularidades.
Bono acudió a la Audiencia Nacional para comparecer como testigo en la causa que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 3 para esclarecer las irregularidades que pudieron producirse en la contratación del aparato, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) causando la muerte de 62 militares españoles.
LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS Y ÁNIMO DE OCULTACIÓN
Según fuentes de la defensa de los familiares de las víctimas, el ex ministro también detalló ante el juez que en el momento en que se produjo el accidente existían limitaciones presupuestarias derivadas de la guerra de Irak y la crisis del Prestige, lo que motivó que se encargara a NAMSA la contratación de los aviones que se utilizaban para el desplazamiento de militares.
Bono, que dirigió el Ministerio de Defensa entre 2004 y 2006, también se comprometió a aportar al juez documentos que demuestran esta afirmación, declaró en su comparecencia parlamentaria que el vuelo procedente de Manás (Kirguizistán) en el que se produjo el siniestro se realizó en un Yakovlev-42 y no en un Tupolev porque el primero costaba 6.000 euros menos que el otro.
También puso de relieve, según las citadas fuentes, la cadena de subcontratación que se llevó a cabo para ejecutar la contratación del aparato, aunque afirmó que tardó cerca de dos años en llegar a esta conclusión porque dos de los informes oficiales que lo acreditaban contenían tachones y borrones de 'típex', lo que evidenciaba un ánimo de ocultación por parte del Ministerio.
"HE DICHO TODO LO QUE SABÍA"
En su declaración ante los medios de comunicación, Bono se limitó a dar las gracias al presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, y el fiscal-jefe del tribunal, Javier Zaragoza, por la "cortesía" que, según dijo, le dispensaron en la "primera ocasión" en su "vida" en que visitaba la Audiencia Nacional.
"He venido como testigo y he querido venir no utilizando la posibilidad de declarar por escrito o de que el juzgado se constituyera en mi despacho por respeto a la Justicia y a la memoria de los que murieron", aseguró antes de añadir que no le había dicho al juez "nada que no hubiese dicho siendo ministro". "He dicho todo lo que sabía porque he sido llamado, yo no soy juez ni fiscal ni abogado de nadie", afirmó.
El compareciente acudió a la sede judicial en compañía de su jefe de Gabinete en su etapa al frente del Ministerio, Roberto López, y fue interpelado durante la vista por el fiscal-jefe Javier Zaragoza, el teniente fiscal, Fernando Burgos, y los abogados de la Asociación de Afectados por la Catástrofe del Yak-42.
