MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -
La última avalancha de inmigrantes indocumentados sobre Canarias fue hoy objeto de confrontación entre el Gobierno y el Partido Popular en las sesiones de control al Ejecutivo en Senado y Congreso.
El presidente del Gobierno insistió en que la creciente presión sobre Canarias obedece al desplazamiento de flujos hacia el sur a raíz del proceso de colaboración con Marruecos en Ceuta y Melilla.
Sin embargo, desde el PP, el secretario general Angel Acebes dijo que las fronteras se han convertido en un "coladero" que además aprovechan las bandas de delincuencia organizada, y el portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, significó que el Gobierno pecó de falta de sensibilidad humanitaria al desoír los informes del CNI que advertían de la catástrofe humanitaria que ahora se está produciendo.
En el Senado, el presidente del Gobierno señaló que 2003 fue el año que más inmigrantes llegaron a España de forma irregular en embarcaciones --unos 20.000-- y que, pese a la avalancha de las últimas semanas en Canarias, en años anteriores hubo una entrada numéricamente superior por Ceuta y Melilla. El presidente admitió que los datos de este año son "manifiestamente superiores" a los de 2005 en lo que afecta a embarcaciones, pero aseguró que no existe un incremento de la presión de la inmigración irregular, sino "un desplazamiento hacia el sur", que afecta ahora a Canarias, gracias al resultado de la cooperación con Marruecos en Ceuta y Melilla, y que también está teniendo efecto en "una mayor presión sobre Italia, vía Libia".
En respuesta al senador del PP Pío García Escudero, el presidente del Gobierno explicó que ahora se afronta una tarea de extender la acción diplomática a países donde hasta ahora "no existía ningún control" y que suman 4.000 kilómetros de costa desde donde pueden partir embarcaciones rumbo a las costas canarias. En todo caso, defendió el incremento de medios de auxilio a los inmigrantes que llegan al archipiélago, y negó que haya desbordamiento en los centros de internamiento ya que "hay plazas suficientes".
García Escudero pidió al Gobierno la extensión del sistema SIVE a todas las islas de Canarias, así como la aplicación de los convenios de repatriación, la implantación de visados de turista en origen y destino, e insistir ante la Unión Europea la creación de una policía europea de fronteras.
Por su parte, la vicepresidenta De la Vega también se refirió a la inmigración en el Senado y dijo que este año ya han sido expulsados 31.000 inmigrantes que entraron de forma irregular en España, al tiempo que destacó el esfuerzo presupuestario de atención a este colectivo, que ha pasado de 11 a 180 millones de euros en los últimos 3 años. Aseguró igualmente que no había saturación en los centros de acogida canarios, porque se han habilitado 1.500 nuevas plazas.
Por la tarde, en el pleno del Congreso, el diputado de IU-ICV Joan Herrera pidió al presidente del Ejecutivo que no haya precipitación en la respuesta a la oleada de cayucos "no permitiendo la militarización de las fronteras" porque no se harían más impermeables sino más peligrosas, y reclamó que no se cometan los "mismos errores" del año pasado en las vallas de Ceuta y Melilla. Rodríguez Zapatero defendió las "garantías" para los derechos humanos en la aplicación de los convenios que disponen las condiciones de traslado a la Península de inmigrantes no repatriados, y de acogida para los que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
UN MILLÓN DE IRREGULARES EN UN AÑO
Las preguntas sobre Inmigración del PP fueron dirigidas al ministro de Trabajo, Jesús Caldera. El secretario general de los 'populares', Angel Acebes, arremetió contra la política de inmigración, y acusó al Gobierno de haber provocado con su política de regularizaciones al margen de la UE unas consecuencias que se traducen en "asaltos multitudinarios" a nuestras fronteras, que se han convertido en un "coladero" que está siendo aprovechado por bandas de delincuentes. Acebes habló de avalanchas en Canarias, 6.000 entradas al día por la frontera francesa y muchos más por los aeropuertos hasta lograr que haya en España "un millón más de irregulares en un sólo año".
Por su parte, Eduardo Zaplana acusó a Caldera de haber llevado a cabo como proyecto estrella un "papeles para todos" sobre el que nuestros socios europeos advirtieron de gravísimas consecuencias, y que se traduce ahora en una "situación insostenible" en Canarias cuya responsabilidad pesa sobre el Gobierno por no haber hecho caso de los informes de Inteligencia que advertían de la catástrofe humanitaria que se avecinaba. A este respecto, la también diputada 'popular' Mercedes Roldós dijo que el Gobierno podía haber evitado la muerte de entre 1.200 y 1.700 personas que intentaron llegar sin éxito a las costas canarias, y denunció la saturación de los centros en las islas, porque las 1.500 nuevas plazas habilitadas son en tiendas de campaña con letrinas habilitadas en cuarteles militares.
El ministro Jesús Caldera preguntó al PP cuál era el 'efecto llamada' del que acusaban al Gobierno y su política de inmigración, ?el de Malta, el de Italia, o el de Estados Unidos?, en referencia a la presión migratoria irregular creciente en los tres casos. Sobre el caso estadounidense, Caldera preguntó concretamente al PP si apoyarán el plan de "su admirado Bush" al acceso a la legalidad para doce millones de trabajadores sin permiso de residencia, con un programa similar al de normalización que se llevó a cabo en España en 2005. El ministro concluyó en el que el verdadero efecto-llamada es que "un ciudadano suizo tenga una renta 430 veces superior a la de un etiope".
