Rosa Díez cree que ni PSOE ni PP quieren tocar una ley derivada del franquismo que les beneficia y que vulnera la Constitución
MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reafirmó hoy su compromiso de mejorar la "representatividad" de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), "si es posible" y si se alcanza el consenso necesario para ello en el seno de la subcomisión creada en el Congreso para estudiar las posibles modificaciones de una norma que lleva ya vigente casi 25 años, aunque ha sido actualizada en algunos de sus preceptos.
Zapatero reiteró esta declaración de intenciones en el Pleno del Congreso en respuesta a la diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, quien denunció que el sistema electoral actual vulnera el artículo 23 de la Constitución, que reconoce el derecho de todos los españoles a elegir a sus representantes políticos "en igualdad de condiciones".
En su debate con Zapatero, Díez descalificó la norma vigente por "injusta", "obsoleta" y heredera del franquismo y dar lugar a que los votos de los ciudadanos no "valgan lo mismo" dependiendo de a quién y dónde voten. Para avalar esta afirmación, echó mano de los datos de las últimas elecciones en las que, según relató, el PSOE necesitó 66.801 votos para lograr un diputado; el PP 66.740; Izquierda Unida 484.973 y UPyD 303.535 sufragios.
Esta "escandalosa" situación, subrayó Díez, llevó al Gobierno ha solicitar un informe al Consejo de Estado sobre una eventual reforma de la Ley Electoral. Esta institución admite la falta de proporcionalidad y recomienda medidas de compensación como ampliar a 400 el número de diputados del Congreso para facilitar una traslación más exacta de los votos a los escaños.
PRIMAR A LOS CIUDADANOS SOBRE LOS TERRITORIOS
La líder de UPyD emplazó a Zapatero a explicar qué va a hacer para aplicar el dictamen del máximo órgano consultivo del Estado y hacer realidad una reforma "democráticamente urgente y constitucionalmente posible". "Es hora de hacer una ley que piense en los ciudadanos en vez de en los territorios", proclamó Díez, recalcando que no defiende una reforma "pensando en los partidos nacionalistas" o en los electores que les prestan su apoyo.
Zapatero replicó a Rosa Díez recordándole que desde hace un año ya trabaja en el Consejo una subcomisión para analizar las posibles modificaciones del sistema electoral y que cualquier retoque debe supeditarse a los acuerdos que allí se sellen.
En cualquier caso, el presidente negó que la norma vigente vulnere preceptos constitucionales y subrayó que el Gobierno cumplió su compromiso de impulsar la modificación de esta ley solicitando opinión al Consejo de Estado. "Es fácil de comprender, cualquier reforma exige un amplio consenso", explicó Zapatero, tras recordar que la subcomisión parlamentaria va a seguir trabajando hasta el 30 de junio de 2010.
"Ese es el estado de la cuestión, el Gobierno mantiene su compromiso de mejorar, si es posible, la representatividad electoral de la única manera posible y efectiva, impulsando un amplio consenso entre los grupos políticos que es absolutamente imprescindible en esta materia. Esperamos es pueda avanzar y llegar amplio consenso en la subcomisión", indicó el jefe del Ejecutivo.
QUE DUERMA EL SUEÑO DE LOS JUSTOS
Pero Díez restó crédito a este compromiso gubernamental y arremetió también contra el PP, ya que, en su opinión, ninguno de los dos grandes partidos está realmente dispuesto a subsanar lo que ella considera una "injusticia histórica" porque son beneficiarios de la misma. "No quieren cambiarla y por eso han creado una subcomisión, para que la reforma duerma el sueño de los justos", apostilló.
En su último turno, Zapatero hizo hincapié en que el sistema español es "homologable" al de las democracias con más tradición y, por tanto, siempre es "mejorable". Eso sí, recalcó ante Díez que los efectos de la distribución territorial por circunscripciones, es decir, el número de votos que se necesita para lograr cada escaño en cada provincia, "depende del voto de los ciudadanos" y que, a priori, no puede establecerse a nadie como "beneficiado".
"Es un sistema que durante 30 años ha demostrado que funciona y que ha permitido una vigorosa democracia hoy plenamente consolidada", zanjó el presidente del Gobierno.
