MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, remitió hoy una nota al presidente aragonés, Marcelino Iglesias, y a su homólogo de Castilla-La Mancha, José María Barreda, en la que asegura que "no se plantea cambios en los nuevos estatutos de Aragón y de Castilla-La Mancha" y que se respetarán los trámites parlamentarios pertinentes. El Ejecutivo del PSOE salió así al paso de unas informaciones publicadas hoy que apuntaba que se está planteando modificaciones en esos dos estatutos en materia de recursos hidrológicos, un asunto que está sembrando la división en las filas del PP y del PSOE.
La información recuerda que tanto Aragón como Castilla-La Mancha establecen medidas de blindaje sobre el Ebro y el Tajo. Unas propuestas que son consideradas inaceptables en las direcciones de los dos grandes partidos y por compañeros socialistas y populares de otras comunidades autónomas, por lo que los recursos hidrológicos podrían convertirse en motivo de serio enfrentamiento entre comunidades. Así, la información asegura que Zapatero y el PSOE trabajan en un pacto sobre el agua que pretenden consensuar en la Tercera Conferencia de Presidentes que se celebrará en diciembre y salvaguardar la competencia de los recursos hídricos para el Estado.
La reacción no se hizo esperar y representantes de los cinco partidos políticos con representación en las Cortes de Aragón (PSOE, PP, CHA, PAR e IU) rechazaron cualquier recorte de su reforma. Por ello, el presidente del Gobierno envió una nota al presidente de Aragón y al de Castilla-La Mancha en el que desmiente esa información. "En ningún momento ha figurado en la agenda del jefe del Ejecutivo introducir cambios en las reformas estatutarias que tienen su propio cauce de discusión y debate, primero en los parlamentos autonómicos y después en las Cortes Generales".
"El Gobierno estará dispuesto siempre a colaborar para la formación de consensos en todas las reformas estatutarias que lleguen al Parlamento de la nación", reza la nota, que remarca además que "el presidente del Gobierno no se ha planteado cambios en los nuevos estatutos de Castilla-La Mancha y Aragón para forzar un pacto sobre el agua ni ha mantenido reunión alguna con ese objetivo".
EL ÁMBITO, EL PARLAMENTO
En el mismo sentido se pronunció hoy la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. "El presidente no va a tomar otra decisión más que la que se tome en el Parlamento", señaló preguntada por la cuestión, aunque precisó que el proceso constitucional y estatutario exigen "aunar la voluntad territorial con la de la soberanía nacional". En este sentido, subrayó que en España "el agua es un tema de Estado" y que el Gobierno cree que el agua "debe constituirse en una gestión del Estado".
Desde esa perspectiva, el Gobierno trabaja desde "el primer día" por acordar una política del agua "que dé satisfacción de manera equilibrada a los intereses de todos los ciudadanos y territorios, vivan donde vivan y sea cual sea el territorio". En todo caso, será un esfuerzo que se realice en el trámite parlamentario de los estatutos, remarcó De la Vega, que indicó que "el ámbito" de la negociación son las Cortes Generales.
