MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) - El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió en julio de 2007 con el Foro Europeo de Asociaciones Militares (EUROMIL), la mayor federación de organizaciones militares con más de 500.000 soldados, suboficiales y oficiales de 22 países, a impulsar una nueva Ley de derechos y deberes fundamentales de las Fuerzas Armadas y a modificar el artículo de las Reales Ordenanzas que prohíbe específicamente la existencia de asociaciones castrenses con fines "reivindicativos".
El compromiso del presidente del Gobierno de regular los derechos y deberes fundamentales con una nueva ley se explicitó en una carta que remitió el pasado mes de julio el propio jefe del Ejecutivo al presidente de EUROMIL, Enmanuel Jacob, en respuesta a una misiva anterior del líder asociativo.
En la misiva, a la que tuvo acceso Europa Press, Zapatero aseguró que su Gobierno remitiría al Parlamento una nueva ley para regular el régimen de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas, en cumplimiento del mandato legislativo contenido en la Ley Orgánica de Defensa Nacional, aprobada en noviembre de 2005 e incumplido por el Gobierno desde febrero de 2006.
El jefe del Ejecutivo se refirió en su escrito específicamente al artículo 181 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, que establece que los militares "no podrán participar en sindicatos y asociaciones con finalidad reivindicativa" ni podrán condicionar "el cumplimiento de sus cometidos a una mejor satisfacción de sus intereses personales o profesionales ni recurrir a ninguna de las formas directas o indirectas de huelga". Este artículo estipula que los militares sólo podrán pertenecer a "otras asociaciones legalmente autorizadas de carácter religioso, cultural, deportivo o social".
La aprobación de una nueva norma para regular el régimen de derechos de los militares fue uno de los compromisos que estuvo a punto de ser incluido en el programa electoral socialista pero que finalmente fue sustituido por una fórmula más genérica, el compromiso de "actualizar" dicho régimen, sin concretar si habría un nuevo texto legal o se modificarían las Reales Ordenanzas, aprobadas como ley ordinaria a pesar de tratar derechos fundamentales.
