PAMPLONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -
El 21% de los padres toma alguna medida para impedir que sus hijos accedan a servicios de pago, fundamentalmente a través del teléfono móvil. Así lo manifiesta una encuesta encargada a Cíes por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache.
Adoptan más medidas los padres más jóvenes, de entre treinta y cuarenta y cinco años -45%- que los que tienen entre 46 y 65 años -13%-.
Irache ha señalado en una nota que, cada año, recibe "cientos de consultas" relacionadas con estos servicios, sobre todo a raíz de "facturas abultadas a las que los padres no encuentran explicación".
En muchos de los casos los problemas provienen de teléfonos móviles que los padres han comprado para sus hijos, aunque los titulares de la línea son los adultos que han llegado a detectar sobrecostes en sus facturas de hasta 400 euros.
Muchas de estas suscripciones o servicios se activan cuando el consumidor activa alguna tecla o aplicación mientras está participando en algún juego a través de su móvil, explica la asociación. "Así, muchas veces de forma involuntaria, el menor ha contratado un servicio que piensa que es gratuito" pero que "supone un cargo que se añadirá a la factura telefónica".
Otros servicios de pago conllevan cobros periódicos que continúan girándose hasta que el cliente los da de baja. "Como el importe de cada cargo no es necesariamente muy elevado, algunos consumidores se dan cuenta de estos pagos cuando ya han transcurrido varios meses y cuando el tiempo y el número de servicios pagados han elevado notablemente el coste", ha apuntado Irache.
Los sobrecostes en las facturas también se pueden deber a llamadas a números de tarificación adicional, que ofrecen servicios de información, suscripciones, entretenimiento, etc, y cuyo precio "es muy superior al de una llamada ordinaria". En estos casos son más habituales los servicios de mensajería Premium, en el que el titular de la línea paga por cada mensaje que recibe al móvil.
Ante esto, Irache ha destacado que el usuario tiene la posibilidad de restringir los servicios de tarificación adicional. Esta desconexión "no puede suponer ningún coste para el usuario y el operador habrá de proceder a ejecutarla en el plazo de diez días".
Por otro lado, según determina la normativa, "la disconformidad o desacuerdo del abonado con los cobros de estos números no puede dar lugar a la suspensión o interrupción temporal de la línea, si el consumidor paga la parte correspondiente a las llamadas ordinarias", ha explicado la asociación que señala que, sin embargo, algunos consumidores "están encontrando dificultades para hacerlo".
En este sentido, ha indicado que las facturas telefónicas "deben ir desglosadas y separar la parte del servicio telefónico disponible al público de la parte relativa a la remuneración que corresponde al prestador de servicios de tarificación adicional".
La asociación de consumidores ha resaltado que "lo más urgente es dar de baja cuanto antes el servicio para que no sigan facturando". Sin embargo, ha señalado que, a la hora de recuperar el dinero cobrado, "algunas operadoras telefónicas devuelven el importe correspondiente a estos servicios cuando se reclaman sin poner ninguna objeción pero otras no lo hacen tan fácilmente".
Irache ha recordado a los padres que actualmente existen aplicaciones que ofrecen posibilidades para restringir el uso de los móviles por parte de menores y evitar el acceso a servicios no apropiados.
Así, ha puesto como ejemplo que "se puede limitar el uso a aplicaciones sólo autorizadas previamente, bloquear el acceso a opciones de compra, impedir el envío o recepción de mensajes o llamadas, evitar que los ajustes del teléfono puedan cambiarse o utilizar un código PIN para poder hacerlo". Además, ha recomendado "revisar periódicamente las facturas telefónicas para comprobar que no hay ningún cargo anormal".
En opinión de Irache, es necesario "un mayor control y una regulación más estricta de los servicios de pagos a terceros y especialmente los que están dirigidos a los usuarios más jóvenes". Ha considerado que "antes de la contratación se debería ofrecer una información clara al consumidor para que éste entienda que está activando un servicio, en qué consiste éste y qué costes le va a suponer periódicamente y establecer mecanismos para garantizar que la contratación la está realizando un adulto o, al menos, bajo su consentimiento".
