PAMPLONA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, ha resaltado los "efectos positivos" que los planes de estímulo al empleo han generado en la inserción laboral de las personas perceptoras de renta garantizada, de forma que 6.225 beneficiarios, un 27% de quienes estaban en edad de trabajar, accedieron a un empleo en el primer año de aplicación.
Laparra ha abierto este jueves la jornada que ha organizado su Departamento en el que profesionales debaten sobre los procesos de reforma de las rentas mínimas en distintas administraciones.
Representantes de organizaciones civiles, de servicios sociales, responsables regionales y del mundo académico han iniciado este jueves por la tarde una reflexión conjunta sobre la reforma de los distintos sistemas de rentas mínimas y los modelos aplicados en cada administración, particularmente la inserción sociolaboral. A la convocatoria han acudido ponentes y asistentes de otras comunidades autónomas, y de la región de Aquitania.
En la apertura de la jornada, Laparra ha explicado los efectos producidos tras la aprobación de la Ley Foral que regula los derechos de inclusión social y la renta garantizada, en noviembre de 2016. El vicepresidente ha recordado que la norma surgió con los objetivos de "mejorar la inclusión social y laboral, aumentar la protección social de las familias con bajos ingresos, particularmente de aquellas con hijos menores a su cargo, luchar contra la pobreza infantil y garantizar unos ingresos suficientes a las personas mayores con pensiones no contributivas de cuantía inferior a la renta garantizada".
Tras 16 meses de aplicación, Miguel Laparra ha considerado que "podemos realizar un balance positivo en el logro de los objetivos: ha aumentado la inserción laboral de los perceptores. 6.225 personas acceden al mercado laboral, un 27,1% de las personas beneficiarias de entre 16 y 64 años, gracias entre otras cuestiones a la mejora del trabajo coordinado de servicios sociales y empleo y a los estímulos incluidos en la Ley. Igualmente, ha crecido la protección de las familias beneficiarias en un 27,2% desde 2014, en especial la de aquellas con hijos, así como el número de unidades familiares que tienen derecho a ella, gracias a la extensión a colectivos antes excluidos, un 35,9% desde 2014".
El vicepresidente ha señalado que este sistema "se complementa con la puesta en marcha de un sistema de deducciones fiscales para perceptores de pensiones de jubilación no contributivas inferiores a la renta garantizada; incremento de las deducciones fiscales a pensiones de viudedad y extensión de este complemento a pensiones contributivas inferiores al salario mínimo interprofesional en 2017". De esta forma, se pasa de invertir 3,2 millones en 2016 en el complemento de casi 10.000 pensiones de viudedad, a 22.000 pensiones de viudedad y pensiones bajas, y a unas 1.200 pensiones no contributivas, con una inversión estimada para 2018 de 23,5 millones.
Como conclusión, ha asegurado que la renta garantizada "además de ser un sistema de protección para familias sin ingresos, se observa con claridad que también lo es para aquellos que los tienen muy precarios", haciendo referencia a los "trabajadores pobres, personas perjudicadas por las distintas formas de precariedad laboral y a jubilados que cobran las pensiones más bajas".
Laparra ha atribuido el aumento de familias beneficiarias en el último año a "la extensión del derecho a la inclusión y renta garantizada a colectivos antes excluidos y la reducción de las prestaciones por desempleo". "Pese al importante crecimiento del empleo y ser la comunidad con menor tasa de desempleo y la segunda que más lo ha reducido el último año, la reducción de las prestaciones por desempleo, de competencia estatal, en un 50% en Navarra desde 2013, hace que la renta garantizada sea el último recurso de protección para las y los parados sin ninguna prestación", ha afirmado el Gobierno de Navarra en un comunicado.
El Ejecutivo foral ha indicado que "en los últimos meses se percibe ya un cierto techo en el acceso de nuevos beneficiarios, si bien no será sencilla una reducción importante por el acceso al empleo, salvo que mejore la protección estatal por desempleo y se dé una correcta articulación entre esta y las rentas mínimas que ofrecen las comunidades autónomas".
RETOS PARA 2018
Tras el balance de los primeros meses de aplicación de las medidas, Miguel Laparra ha expuesto los retos de su Departamento para 2018 en esta materia. En primer lugar, dar a conocer a las empresas los incentivos de hasta 1.000 euros al mes que ofrece el Gobierno de Navarra para quienes contraten a perceptores de renta garantizada, cantidad que varía según la duración del contrato.
Otro empeño del Departamento de Derechos Sociales es reforzar la información a las personas que cobran la renta sobre la posibilidad de compatibilizar empleo y una cantidad ponderada de la prestación. Así mismo, se continuará mejorando los sistemas de coordinación entre servicios sociales y de empleo, tanto en los programas de inserción socio laboral como en los nuevos mecanismos de control puestos en marcha, para "garantizar que las personas beneficiarias en edad y capacidad de trabajar, sigan mejorando su incorporación al mundo laboral".
El uso de la autonomía fiscal de Navarra quiere también emplearse para "impedir el efecto umbral, esto es, poner en marcha un mecanismo por la vía fiscal para mejorar la renta final de los trabajadores que ganan algo más que quienes cobran la renta garantizada, y que la ley establece a partir del segundo año de su entrada en vigor".
El cuarto objetivo para el año en curso, ha continuado el vicepresidente Laparra, es el desarrollo normativo de la vivienda como derecho subjetivo, por tanto exigible a la administración, que "priorizará el impulso a la emancipación de los y las jóvenes y el acceso a una vivienda de los sectores más vulnerables, clave en todo proceso de inclusión social".
JORNADA DE BALANCE E INTERCAMBIO
La jornada, que ha sido organizada por el Observatorio de la realidad social, se marcaba como objetivo presentar y debatir sobre las experiencias de reforma de los sistemas de rentas mínimas que se han llevado a cabo o que están en fase de realización..
En una primera mesa redonda han debatido sobre el primer año de aplicación de la renta garantizada en Navarra, representantes de organizaciones de la sociedad civil (Angel Iriarte, de Cáritas; y Rubén Unanua, de la Red de Lucha contra la Pobreza de Navarra); de los servicios sociales de base (representados por Eva González, del Ayuntamiento de Tudela; de una representante del Ayuntamiento de Pamplona; de Yolanda Ormazábal, de la Mancomunidad de Alsasua) y de Inés Jiménez, del Departamento de Derechos Sociales.
Una segunda mesa redonda ha tratado distintas experiencias regionales en la renovación de los modelos de prestación de rentas mínimas. Se han analizado las reformas aplicadas o en fase de implementación en cuatro regiones europeas: Aquitania, Comunidad Autónoma Vasca, Cataluña y Comunidad Valenciana.
Para finalizar, el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, José Antonio Noguera, ha presentado la ponencia titulada 'Vías para una mejora articulación de las políticas sociales y fiscales'.
Este viernes continúa el seminario de trabajo con la exposición de dos ponencias. Lucía Martínez, de la Universidad Pública de Navarra, expondrá las líneas básicas del estudio PROGRESS, realizado en colaboración con el Ministerio, que refleja el estado actual del sistema de rentas mínimas. Se complementará con otra presentación de a cargo de Luis Sanzo (Gobierno Vasco) que explicará el impacto de los modelos de rentas garantizadas en la pobreza a nivel de comunidades autónomas.
