Insiste en que si antes del 31 de diciembre no se alcanza una solución, Navarra convocará la Junta de Cooperación
PAMPLONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, Íñigo Alli, ha calificado de "serio, severo y grave" que el Estado haya dejado de abonar el subsidio de desempleo a familias navarras y ha defendido que la Renta de Inclusión Social es "subsidiaria y complementaria a otro tipo de prestación estatal".
"Es un atentado a las competencias por dar ese carácter preferente a la RIS cuando es subsidiaria y complementaria", ha argumentado Alli en una comisión parlamentaria, solicitada por el PSN y Geroa Bai, en la que ha abordado el conflicto generado con el Estado después de que haya dejado de abonar esta prestación a las familias navarras que veían complementado el subsidio de desempleo con la RIS.
Se estima que 781 familias navarras se han visto afectadas por esta situación, ante la cual el Ejecutivo foral ha tenido que anticipar 3,7 millones de euros, una cantidad que se ha abonado de la partida de pago de deuda e intereses, y que se calcula pueda alcanzar los 4 millones de euros a final de año.
En su comparecencia, el consejero de Políticas Sociales ha explicado que "debido al nivel de vida de Navarra y su autogobierno" el Ejecutivo foral complementaba con la RIS el subsidio de desempleo abonado por el Estado gracias a su "capacidad de autogobierno".
"La RIS es una renta subsidiaria y complementaria de cualquier otro tipo de prestación, pensión, tal y como recoge la ley. Es una prestación familiar y, por tanto, es diferente la cuantía en función del número de miembros de la unidad familiar", ha defendido Alli, que ha remarcado que Navarra, según la Lorafna, tiene "la potestad y la autoridad en materia de protección social".
El consejero ha recordado que fue en septiembre de 2013 cuando el Gobierno foral se enteró de la decisión del Estado de retirar este subsidio a las familias a través de un afectado, "una deslealtad". En ese momento, el Ejecutivo decidió "inmediatamente" dar "la prestación a aquellas familias a las que se les denegó y a aquellas que aún percibiéndolo han tenido que devolver esa cuantía".
"Hemos aportado hasta el último euro tal y como la ley foral de Renta de Inclusión Social ampara para que ningún solo navarro se quede fuera del subsidio. No quiero hacer más leña del árbol caído, pero lo que supone para estas familias en términos de desigualdad y deslealtad queda claro, es un atentado a las competencias por dar ese carácter preferente a la RIS cuando es subsidiaria y complementaria", ha argumentado Alli.
CONVOCARÁN LA JUNTA DE COOPERACIÓN
Tras mantener reuniones con la delegación territorial del SEPE en Navarra y no alcanzar ninguna solución, el Departamento de Políticas Sociales dirigió una carta a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y el 24 de octubre se celebró una reunión en Madrid con la secretaría de Estado y representantes del SEPE. En dicho encuentro, ha explicado el consejero, "se puso de manifiesto la situación y exigimos una solución antes del 31 de diciembre".
En caso de que no se llegue a un acuerdo antes de final de año, ha advertido, Navarra convocará la Junta de Cooperación entre la Comunidad foral y el Estado, "máximo órgano donde se dirime los problemas competenciales". "Allí defenderemos, como hemos hecho en los despachos, los ingresos económicos para las familias navarras", ha garantizado.
Además, ha avanzado que el Departamento de Políticas Sociales está analizando acudir a la vía judicial en el caso de que no se llegue a un acuerdo sobre este tema. Se estudia "no solamente ir al Tribunal Constitucional, porque entendemos que es un problema de competencias; sino también a la vía contencioso-administrativa".
Por esta vía, ha detallado Alli, se podrían abrir otras líneas, o bien que fuese directamente el Gobierno de Navarra "haciendo un requerimiento al Estado", o que fueran directamente los ciudadanos que han sido perjudicados, "con el asesoramiento del Ejecutivo".
En cualquier caso, el consejero navarro ha querido dejar claro que "una de las soluciones que en ningún caso el Gobierno foral va a hacer es no dar la RIS" y ha asegurado que Navarra exigirá al Estado el pago del dinero que ha adelantado, que se podría descontar de la cuantía de Navarra en el cupo.
CRÍTICAS AL GOBIERNO DEL PP
En el turno de réplica de los grupos parlamentarios, el socialista Santos Cerdán ha considerado "sorprendente" que el Gobierno foral se enterara por un afectado y no por el Estado del conflicto, cuando "UPN y PP van de la mano en el Congreso", y ha criticado el "ninguneo permanente del Partido Popular a los ciudadanos navarros". "La deslealtad del PP con Navarra es alarmante", ha opinado.
Por su parte, el parlamentario de Geroa Bai Patxi Leuza se ha preguntado "qué derecho tiene el Estado para quitar este subsidio" y ha considerado que el Gobierno de UPN "ha querido ocultar" este tema porque "el cordón umbilical que le une con el PP es muy fuerte". "Esto es un ataque contra el autogobierno y UPN está haciendo una baja defensa. El Gobierno debería defender las decisiones que toma", ha expuesto.
Por parte de UPN, José Antonio Rapún ha defendido que "gracias a UPN nadie ha dejado de recibir una prestación en Navarra" y ha argumentado que el partido está "anticipando soluciones". Además, ha criticado la actitud del PP en este asunto y ha lamentado que "estamos un día sí y otro también discutiendo sobre asuntos que competen a nuestro régimen foral".
En representación de Bildu, Bikendi Barea ha calificado la decisión del Estado de "extremadamente grave" y ha criticado el "trato discriminatrio a Navarra y el ninguno del PP a la Comunidad foral, al Gobierno y a los ciudadanos". "¿Para qué los trabajadorres navarros pagan una cuota a la Seguridad Social si luego no tenemos el mismo derecho que el resto de trabajadores?, se ha preguntado.
En este mismo sentido, Asun Fernández de Garaialde, de Aralar-NaBai, ha considerado que el Estado "está rompiendo los derechos que corresponde a los navarros y está quebrantando el principio de igualdad". En su opinión, el PP "para salvar sus propias miserias y su mala gestión está anulando derechos y atacando al autogobierno para hacer un ahorro a costa de las personas que peor lo están pasando".
Por contra, Amaya Zarranz, del PPN, ha pedido "discreción" en este tema porque "diferencias entre los gobiernos ocurren y ocurrirán". "Airear estas discrepancias solamente sirve para dar alas a algunos partidos", ha expuesto la representante 'popular', que ha negado que se esté dando un trato "discriminatorio" a la Comunidad foral", ya que "se está aplicando la ley general de Seguridad Social" y esto también está pasando en otras CCAA como el País Vasco.
Finalmente, Txema Mauleón, de Izquierda-Ezkerra, ha instado a UPN a "romper el acuerdo electoral con el PP en Madrid, porque esto es ir en contra del autogobierno" y ha demandado que "si el Estado nos debe esos 3,7 millones de euros, se descuenten del convenio económico". "Queremos contundencia y hechos. Tenemos la razón y la ley de nuestra mano", ha concluido.
