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    Comptos: se desconoce el coste de los recursos de las licencias de radio

    El informe sí recoge que se han destinado más de 50.000 euros a gastos relacionados con estas actuaciones

    Comptos: se desconoce el coste de los recursos de las licencias de radio
    EUROPA PRESS

       PAMPLONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

       La Cámara de Comptos ha publicado un informe sobre el coste que para las arcas forales han tenido los recursos judiciales relacionados con la anulación de la concesión de licencias de radio a Net 21 y Radio Universidad, y ha determinado que no se puede cuantificar este gasto.

       El órgano fiscalizador, que ha elaborado este informe tras una solicitud registrada por Geroa Bai en el Parlamento foral, ha afirmado que "no se puede saber el coste que han supuesto para el Gobierno de Navarra estas actuaciones puesto que ha estado representado fundamentalmente por personal de su Asesoría Jurídica".

       Según ha señalado Comptos, "la inexistencia de un sistema de contabilidad analítica no nos permite conocer el coste, directo e indirecto, de los trabajos e informes evacuados por la citada Asesoría Jurídica y por otros servicios relacionados con el objeto del informe".

       No obstante, el informe aporta los gastos presupuestarios "relacionados" con estas actuaciones, concretados en 394 euros pagados a un procurador de Madrid para su actuación en el recurso de casación de 2010.

       Asimismo, Comptos ha apuntado que también se pueden considerar gastos de este proceso 50.000 euros pagados a la empresa Societat de Consultoria i Enginyeria Tecnologica DOXA Consulting SL, por tres conceptos: en 2006, 30.000 euros por el estudio para valorar parcialmente las ofertas; el mismo año, 11.500 euros para un informe en respuesta a las alegaciones presentadas a la valoración de las ofertas; y en 2008, 9.300 euros por un informe "de refutación del análisis crítico presentado por Iruñeko Komunikabideak SA" a la mesa de contratación.

       El informe incluye un anexo con la descripción de los principales actos administrativos y judiciales respecto a la concesión de licencias de radio, un procedimiento que se inició en 1997.

       Según ha explicado Comptos, entre las licencias, estaba previsto adjudicar dos para la Comarca de Pamplona. La mesa de contratación valoró las ofertas en junio de 1998, dejando de valorar cuatro de los ocho criterios que señalaban los pliegos, alegando que "no resultan susceptibles de ser objeto de una apreciación cuantitativa exacta".

       El director general de Transportes y Comunicaciones, presidente de la mesa, emitió un informe valorando los aspectos no puntuados en la mesa, lo que suponía adjudicar las licencias a las radios Universidad de Navarra y Net 21.

       La sociedad Iruñeko Komunikabideak, cuya emisora Euskalerria Irratia había conseguido la mejor puntuación en los aspectos valorados por la mesa, presentó recurso judicial contra la adjudicación, lo que acabó en una sentencia que calificaba la actuación del director general de Transportes y Comunicaciones como "inapropiada y contradictoria", ha apuntado Comptos.

       La sentencia ordenó retrotraer el expediente para que la mesa de contratación formulara una propuesta valorando de manera completa todos los criterios. Alegando la complejidad técnica del asunto,  el Gobierno de Navarra contrató a la empresa consultora Doxa Consulting un estudio de valoración parcial de las ofertas que no modificó la adjudicación previa.

       Iruñeko Komunikabideak presentó entonces un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra que anuló y dejó sin efecto las actuaciones, ordenando la retroacción del proceso de adjudicación hasta el momento determinado en la sentencia de 2005. El Gobierno de Navarra y la Universidad presentaron recurso de casación contra la sentencia, que el Tribunal Supremo resolvió en diciembre de 2013 ratificando la anterior.

       Finalmente, el 2 de mayo de 2014, el consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales del Gobierno de Navarra, Juan Luis Sánchez de Muniáin, dictó la Orden Foral 28/2014 por la que se establece el procedimiento a seguir para la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo.