PAMPLONA, 17 May. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Navarro de Bienestar Social ha dado su visto bueno al nuevo decreto de financiación para las entidades locales titulares de servicios sociales de base.
La norma, una vez efectuada la propuesta técnica por parte del Departamento de Derechos sociales, se ha trabajado con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, con objeto de darla a conocer y recoger sus aportaciones, así como con personal técnico y político de las diferentes áreas de servicios sociales de base, ha destacado el Gobierno foral en una nota.
El periodo de exposición pública del nuevo decreto y la recogida de sugerencias a la ciudadanía se ha realizado a través del portal de Gobierno Abierto en el periodo comprendido entre el 16 abril y el 10 de mayo.
Entre sus principales novedades la norma establece "un sistema equitativo de financiación asegurando unos mínimos a todos los servicios sociales de base, teniendo en cuenta las necesidades sociales específicas de cada territorio", ha afirmado el Gobierno foral en una nota.
Según ha indicado, "también se fortalece la dotación de los equipos profesionales básicos para el desarrollo de las funciones de los cuatro programas y se garantiza la estabilidad en la financiación, incluyendo dentro de la misma figuras profesionales que hasta ahora se contrataban a través de convocatorias de subvención anuales como son los perfiles profesionales de apoyo social del programa de empleo social protegido y del Plan Foral de Drogodependencias".
Por otra parte, el nuevo decreto "garantiza que la totalidad de entidades locales puedan destinar parte de la financiación a la cobertura de situaciones de apoyo a procesos de inclusión social o de emergencia social", ha asegurado el Ejecutivo.
El nuevo decreto de financiación estructura los costes a financiar en tres ámbitos: estructurales, específicos y derivados de la atención a personas dependientes por parte de los servicios de ayuda a domicilio municipales.
Respecto a los costes estructurales, se contemplan aquellos gastos necesarios para el desarrollo de las funciones que los servicios sociales de base tienen encomendadas, abarcando los costes del equipo profesional básico, los gastos de funcionamiento, así como aquellos derivados de la dispersión territorial. En este sentido, se estratifica la población en diez tramos determinándose por cada uno de ellos el equipo profesional básico con el que debe contar cada entidad local.
En cuanto a los profesionales de los servicios sociales de base, se apuesta por garantizar las figuras profesionales del ámbito del trabajo social, educación social, personal administrativo y trabajo familiar en la totalidad de estos servicios.
Además, se incrementa la ratio de profesionales del trabajo social y la educación social para los programas de infancia y familia e incorporación social, así como los perfiles de trabajo familiar en el programa de promoción de la autonomía personal y atención a las personas dependientes y de personal administrativo. En este concepto, el Gobierno de Navarra financiará la mitad del coste estimado del personal del equipo básico y el 80% en aquellas zonas consideradas de especial actuación.
En lo que concierne a los gastos de funcionamiento, son considerados como tal aquellos gastos tanto corrientes y de personal, a excepción de los ya contemplados en el equipo profesional básico.
Por último, también se incluye la dispersión geográfica, entendiendo que la misma supone un incremento de los gastos que tienen que afrontar los servicios sociales de base. Para ello, se ha definido un índice de dispersión territorial específico. Tanto los gastos de funcionamiento como los de dispersión serán financiados íntegramente por Gobierno de Navarra.
El segundo de los conceptos incluidos en la norma, los costes específicos, parte de la premisa de dar respuesta a las necesidades sociales de cada entidad local. El decreto plantea la utilización de indicadores ponderados de forma equitativa que respondan a la realidad local, entre los que se encuentran el porcentaje de personas demandantes de empleo, la población igual o mayor de 65 años y la población menor de 18 años. También se tendrán en cuenta las atenciones totales realizadas en cada servicio social de base, el porcentaje de personas con reconocimiento oficial de dependencia, el porcentaje de menores atendidos en riesgo o situación de desprotección y número de unidades familiares perceptoras de renta garantizada. La financiación de este apartado, será asumida en su totalidad por el Gobierno de Navarra.
Por último, también se regula la financiación del 100% del coste estimado de la atención a personas con reconocimiento oficial de dependencia en cumplimiento de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia.
