PAMPLONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Vivienda del Gobierno de Navarra, Carlos Esparza, afirmó hoy que "existen garantías más que sobradas de que no se van a producir supuestas tropelías ambientales" en la construcción del nuevo centro penitenciario de Pamplona y recordó que el Consejo de Ministros puede "eximir" el trámite del estudio de impacto ambiental, como así lo hizo en este caso, mediante la comunicación a la comisión europea.
En respuesta a una pregunta parlamentaria de Nafarroa Bai, el consejero señaló en la Cámara que en noviembre de 2008 el Consejo de Ministros declaró excluido del trámite del estudio de impacto ambiental el proyecto de construcción de la cárcel de Pamplona al considerar que se trata de un proyecto "urgente" ante "el aumento de la población penitenciaria en España y el déficit de plazas en la Comunidad foral".
Ante esta decisión, recordó, el Ayuntamiento de Pamplona anunció su decisión de recurrir el acuerdo estatal "con lo que se va a tener la garantía de que serán los órganos judiciales quienes ponderarán los derechos e intereses en juego y determinarán la solución ajustada a derecho que proceda".
Según expuso, esas "garantías" de que no existirán "supuestas tropelías" ambientales "deberán ser refrendadas porque hay tribunales que así lo dirán e incluso la comisión europea va a ser garante de este proceso".
Por su parte, el parlamentario de Nafarroa Bai Ioseba Eceolaza señaló que la "necesidad y urgencia" de construir el nuevo centro penitenciario es "compatible con una visión garantista del medio ambiente y de los espacios protegidos". Por ello, consideró preciso que el Gobierno de Navarra "lidere" la defensa de la normativa, de las NUC, de la Ley de Ordenación del Territorio, así como de su informe en el que consideraba necesario el estudio de impacto ambiental.
A su juicio, "el Gobierno de Navarra pierde credibilidad si no lidera y si no presiona al Ministerio para que se haga el estudio de impacto ambiental". "No puede haber una culminación de un despropósito así", para, para pedir al consejero que "tenga la valentía política para oponerse a esta forma de actuar y exija al Consejo de Ministros que se realice el estudio".
