PAMPLONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Consumidores de Navarra Irache presentará en los próximos días las primeras quince demandas de afectados por la quiebra del Banco Popular. Las cantidades solicitadas van desde 2.000 hasta más de 80.000 euros.
"El 7 de junio de 2017 el Banco Popular fue vendido al Banco Santander por un euro. Como consecuencia de la operación los accionistas y los titulares de deuda subordinada de la entidad perdieron todo el valor de sus inversiones", ha explicado en un comunicado la asociación.
Hasta el momento han sido más de 150 las personas que han acudido a Irache por este tema. En este sentido, la asociación ha señalado que "las personas que compraron acciones con motivo de la ampliación de 2016 pueden presentar demandas civiles para reclamar su dinero". "Esto incluye a aquéllos que lo hicieron antes del 3 de abril de 2017, cuando el Banco Popular admitió que había errores en la información dada sobre su situación financiera", ha informado.
En este grupo se encuentran las primeras demandas que va a presentar Irache en los juzgados. El valor de las acciones adquiridas va desde 2.000 euros hasta más de 80.000 euros en algún caso.
"En lo que va de año ya se han dictado numerosas sentencias en primera instancia (Barcelona, Fuengirola, Vigo, Gavà...) que están dando la razón a los consumidores", lo que "está suponiendo la devolución de toda la inversión realizada, miles de euros, en la compra de acciones, más los intereses correspondientes", ha destacado Irache.
Los jueces están basando sus decisiones en que la información facilitada por la entidad, fundamentalmente en el folleto informativo de la emisión, "no era veraz y no reflejaba la situación real del banco". "Esto hizo que los consumidores contratasen viciados por error, es decir, contando con unas condiciones de las cuentas bancarias y una solvencia de la entidad que no eran verdaderas. En consecuencia, se están anulando las compras de acciones y devolviendo a los clientes el dinero que invirtieron", ha indicado.
RECURSOS EN LA AUDIENCIA NACIONAL Y EN EUROPA
La asociación de consumidores ha explicado que "la viabilidad de los tribunales se ve despejada, por el momento, para los que compraron acciones o deuda subordinada por la ampliación del año 2016". En el resto de casos, Irache ya ha adoptado las medidas pertinentes "para defender los intereses de los afectados".
En primer lugar, se interpusieron dos recursos administrativos: uno, en España, ante la Audiencia Nacional y frente a la resolución del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y otro, en Europa, ante el Tribunal General de la Unión Europea, frente a la resolución de la Junta Única de Resolución (JUR).
Estos recursos se presentaron en agosto del 2017 para cumplir con el plazo que marca la ley para este tipo de acciones. Ahora se está a la espera de que desde Europa se resuelvan los recursos. Se presentaron más de noventa y el Tribunal Europeo ha decidido resolver sobre seis de ellos porque considera que agrupan los argumentos presentados en todos los demás.
En lo que respecta al recurso frente a la resolución del FROB, la Audiencia Nacional ha suspendido su tramitación hasta conocer la decisión del Tribunal General de la Unión Europea.
Irache ha explicado que, tan pronto como se conozcan las resoluciones de estos recursos, "se estudiarán las vías posibles para defender los derechos de los clientes afectados que no han podido acogerse a la vía civil".
