PAMPLONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha tramitado en lo que va de 2019 más de 450 bonos sociales eléctricos, una medida dirigida a familias numerosas, pensionistas u hogares con menores ingresos que supone un descuento en el recibo de la luz.
Irache ha ayudado, tanto en Pamplona, Tudela y Estella como en las 67 localidades de Navarra en las que gestiona las Oficinas de Información y Atención al Consumidor a que las personas puedan solicitar el bono social y que el descuento comience a aplicarse.
La asociación ha apuntado en una nota que "lamentablemente muchas personas desconocen que pueden acceder a este bono, que les puede suponer un menor gasto de luz en su casa". "Este descuento supone un 25% sobre la tarifa regulada (potencia y consumo), si bien puede llegar hasta el 40% o incluso hasta el 50% en los consumidores más vulnerables", ha explicado.
Tras las últimas modificaciones, al bono social pueden acceder los hogares que se encuentren en algunas de estas tres situaciones: perceptores de la pensión mínima por jubilación o incapacidad permanente cuyos ingresos adicionales no superen los 500 euros; familias numerosas; y familias que no superen rentas anuales 11.279 euros (1,5 veces el IPREM) para hogares sin menores, 15.039 euros (2 veces IPREM) para hogares con un menor o 18.799 euros (2,5 veces IPREM) para hogares con dos menores. Estos límites de renta se incrementan si algún miembro de la familia tiene una discapacidad igual o superior al 33%, es víctima de violencia de género, víctima del terrorismo, hay personas con dependencia grado II y III o si se trata de una familia monoparental.
VIVIENDA HABITUAL Y CONTRATO DE TARIFA REGULADA
Para acceder al bono social, en todos los casos debe tratarse de la vivienda habitual del titular, la potencia debe ser inferior a 10 kW y el suministro debe estar contratado en la tarifa regulada (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor).
Según ha explicado Irache, "las últimas modificaciones en la ley hicieron que muchos perceptores del bono social dejasen de beneficiarse de él". "En cualquier caso, cualquier hogar que cumpla los requisitos puede solicitarlo en cualquier momento. Si cumple las condiciones, se le deberá aplicar. Una vez contratado el bono social, el consumidor debe solicitar su renovación cada dos años, con quince días de antelación -excepto las familias numerosas-", ha señalado la asociación.
A finales del año pasado se instauró el bono térmico. Por ello, las personas que a 31 de diciembre eran perceptoras del bono social eléctrico deberían haber recibido automáticamente un ingreso en su cuenta durante el primer trimestre del año por el bono térmico. Por lo general, estos pagos han ido desde 60 a más de 100 euros, en función del grado de vulnerabilidad del hogar, de la zona climática en la que se encuentre cada vivienda y de la partida asignada en los Presupuestos del Estado.
Por ello, Irache recomienda a los perceptores del bono social que revisen sus cuentas bancarias para comprobar que, efectivamente, se les ha ingresado el importe correspondiente al bono térmico.
LÍMITES AL CONSUMO
El descuento del bono social marca límites al consumo de energía. Es decir, los kilovatios-hora que superen lo determinado se facturarán según el PVPC y a ellos no se les aplicará la rebaja que corresponda en cada caso.
Estos límites son, tras la última modificación, 1.380 kWh al año para un hogar sin menores; 1.932 kWh para un hogar con un menor y para pensionistas; 2.346 kWh en hogares con dos menores y 4.140 en familias numerosas.
Irache ha explicado que, "aunque en ocasiones la aplicación del bono se consigue de forma ágil, en otras ocasiones surgen dificultades".
Así, ha citado por ejemplo que se puede producir "falta de información". "La compañía responde que el solicitante no cumple los requisitos, pero no especifica cuál es el incumplimiento o qué cuestión es la que hay que aclarar. De esta manera, el consumidor no sabe qué hacer o qué problema tiene que solucionar. Cuando acuden a Irache, nos dirigimos a la comercializadora para saber qué problema hay que solucionar", ha explicado.
Por otro lado, la asociación ha señalado que se dan casos en que "al solicitante no se le concede el bono social pero no se le informa de la negativa, aunque en principio la comercializadora debe dar una respuesta en quince días". "Así, durante meses el consumidor piensa que ya se le está aplicando el descuento cuando no es así", ha indicado. En estos casos, Irache reclama la regularización de todas las facturas y la devolución de los descuentos no aplicados.
En otras ocasiones, la comercializadora vuelve a solicitar nuevamente la documentación que ya había aportado anteriormente el consumidor y ha habido casos en los que el bono social "ha tardado meses en aplicarse sin ninguna justificación".
Entre otras dificultades, Irache ha señalado que "los solicitantes de Navarra tienen que aportar las declaraciones de renta o los certificados de imputaciones de la familia y en ocasiones no lo saben o supone un obstáculo para seguir con la solicitud".
Por otro lado, ha explicado que "muchas personas piensan que los menores de edad de la familia no tienen que firmar pero sí deben hacerlo a partir de los catorce años y esta situación ha pasado especialmente con la solicitud de familias numerosas".
Asimismo, ha afirmado que "algunas solicitudes se retrasan por problemas de trámites, por ejemplo, en Navarra alguna comercializadora no aceptaba el certificado de discapacidad del órgano competente para emitirlo y lo exigía a través de los servicios sociales".
