PAMPLONA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la ley por la que se introducen cambios en el Plan de Inversiones Locales (PIL) 2017-19, de forma que se amplían plazos y se agilizan trámites.
El proyecto, remitido por el Gobierno, es muy similar al que el propio Ejecutivo decidió retirar en junio para evitar que prosperaran enmiendas económicas que presentaron entonces sus socios. Esta vez, el proyecto se ha aprobado sin tocar los fondos económicos. Ha prosperado con el apoyo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai, PSN e Izquierda-Ezkerra, mientras que UPN y PPN se han abstenido.
La ley tiene por objeto "excepcionar la gestión del PIL de los dictados de la Orden Foral 84/2017, que obliga a tener totalmente ejecutadas las inversiones en el ejercicio presupuestario al que correspondan, así como corregir errores, eliminar duplicidades, agilizar la tramitación y aclarar determinados conceptos, todo ello en conexión directa con las incidencias detectadas durante la vigencia del actual PIL, aprobado por la Cámara el 1 de diciembre de 2016".
A tal fin, para "mejorar la gestión de los expedientes y garantizar que la financiación de las inversiones se ajuste a la planificación presupuestaria", se autoriza la imputación de los compromisos económicos a ejercicios diferentes, en función de la previsión de la ejecución de las obras y previo informe del servicio competente.
En relación a la compatibilidad de las aportaciones del PIL con otras ayudas, se consigna la obligación de acreditar, dado el caso, el importe, procedencia y aplicación de esos otros fondos.
Asimismo, se modifica el acceso al régimen excepcional, estableciéndose la obligatoriedad de ajustar la inversión o, en su defecto, proponer una fórmula alternativa de financiación con carácter previo a la solicitud de acogimiento a dicho precepto. A su vez, se corrige el alcance de la ayuda, incrementándose en una cantidad equivalente al IVA para aquellas inversiones en que no resulte deducible, previa acreditación de la incapacidad económica y financiera de la entidad local.
Entre los requisitos para acogerse a este régimen excepcional figura la exigencia de una subida mínima del 0,20 en la contribución territorial en vigor, sin que en ningún caso el tipo resultante pueda ser inferior al 0,30 ni superior al 0,50, debiéndose mantener "durante el plazo de ejecución de la obra y los cuatro años siguientes".
La consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde, ha explicado que con estos cambios "se trata de corregir las incidencias detectada para pode ejecutar un plan dotado con 100 millones y que se planteó como una herramienta de equilibrio territorial para Navarra, una oportunidad para generar empleo y mejorar las condiciones de vida de los navarros".
La parlamentaria de UPN Mari Carmen Segura ha afirmado que esta ley "es un trampa de este gobierno para todas las entidades locales" y ha criticado que "no se aseguran más fondos" para los ayuntamientos. "Es un plan engañoso en la forma, escaso en fondos y fraudulento e insuficiente para las entidades locales, como dije en noviembre de 2016, cuando fue aprobado", ha indicado.
El parlamentario de Geroa Bai Unai Hualde ha explicado que con los cambios introducidos a través de esta ley se busca "mejorar la gestión de los expedientes, corregir determinados errores, evitar duplicidades y optimizar la ejecución del Plan de Inversiones Locales".
En la misma línea, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha explicado que "el objetivo fundamental de la ley no es otro que el de agilizar una tramitación, se trata de garantizar que el mayor número de millones que tienen reconocidos los ayuntamientos en el PIL se puedan llevar adelante".
El parlamentario de Podemos-Orain Bai Rubén Velasco ha señalado que hay que buscar "una entente entre la necesidad de simplificar los expedientes pero manteniendo la rigurosidad de todo el proceso administrativo". Además, ha deseado que "se ejecute todo lo que se asigna en cada ejercicio" para el plan.
Por parte del PSN, Conchi Ruiz ha explicado que la ley busca "subsanar las deficiencias detectadas" en la gestión del plan y ha señalado que "hay que facilitar a las entidades locales la posibilidad de realizar infraestructuras, de ver crecer su actividad productiva, que haya desarrollo económico y mejora del bienestar social".
El parlamentario del PPN Javier García ha indicado que con esta ley los grupos que sustentan al Gobierno y el propio Gobierno "dan la razón a lo que veníamos diciendo sobre este plan, y es que era un fraude para las entidades locales y muchas de las infraestructuras no se iban a poder llevar a cabo". "Dada la incapacidad del departamento de poner en marcha un plan debería ser motor para la Administración Local, se ha pasado la legislatura sin haber hecho nada", ha criticado.
Por último, el parlamentario de Izquierda-Ezkerra José Miguel Nuin ha señalado que con la ley se trata de "mejorar la tramitación, agilizar, simplificar y dotar de mayor seguridad jurídica" en la ejecución del plan.
