PAMPLONA, 10 May. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la ley foral por la que se crea la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, para la "detección, prevención, investigación y erradicación de la corrupción".
La proposición de ley es una iniciativa de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra que ha recabado el apoyo del PSN, mientras que UPN y PPN se han abstenido.
Esta ley se marca como objeto "fomentar el máximo grado de transparencia y buen hacer en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas o actuaciones administrativas, mediante la detección, prevención, investigación y erradicación de la corrupción y demás prácticas fraudulentas en el seno de las administraciones públicas de Navarra y las sociedades y entidades participadas por estas".
La oficina ejercerá sus funciones "sin perjuicio de las que correspondan a la Cámara de Comptos, al Defensor del Pueblo de Navarra y demás instituciones de control y fiscalización, y colaborará y cooperará con las instituciones autonómicas, estatales, europeas y/o internacionales que tengan competencias análogas en materia de transparencia, fraude y anticorrupción".
La oficina se encargará de gestionar el Registro de Actividades e Intereses de altos cargos y electos públicos (también de las entidades locales, previo convenio), y deberá abordar en el plazo de un año la creación de un nuevo Código Ético y de Conducta para regir el comportamiento de los miembros del Gobierno de Navarra, altos cargos, personal eventual, directivos del sector público y electos del Parlamento y la Administración Local.
El parlamentario de UPN, Sergio Sayas, ha explicado la abstención de su grupo explicando que "hay cuestiones que compartimos, como la lucha contra la corrupción", pero planteando que la oficina debería dedicarse exclusivamente a tareas de prevención. Ha señalado que, si así fuera, se habría evitado la polémica por la aparición del nombre de una empresa en el pliego de un concurso del departamento de Derechos Sociales. "El caso Laparra -vicepresidente de Derechos Sociales- es un caso palmario de mala praxis en la Administración y mientras esté un minuto más al frente de ese departamento, oficinas como ésta carecen absolutamente de sentido", ha afirmado.
El parlamentario de Geroa Bai Patxi Leuza ha considerado que "estamos inmersos en una sociedad que tiene que hacer frente a retos que modifican sus formas de actuación y gestión, y como consecuencia de estos cambios los instrumentos de control hoy existentes no resultan suficientes para prever, vigilar y monitorizar la actividad política y administrativa para prevenir actos de corrupción y malas practicas", por lo que ha defendido la creación de este organismo específico que "esté coordinado con los entes de control y fiscalización existentes".
La parlamentaria de EH Bildu Arantza Izurdiaga ha afirmado que "esta oficina es un paso fundamental, un mecanismo de control absolutamente necesario, para avanzar hacia ese nuevo modelo de gobernanza pública, basado en la ética y en la integridad pública, en el que no tengan cabida las malas prácticas, en el que no se primen los intereses de partido por encima del interés general, en el que se descarten el clientelismo, la opacidad y, en definitiva, la corrupción.
El parlamentario de Podemos Rubén Velasco ha afirmado que "las instituciones no consiguen frenar la lacra de la corrupción, y es aquí donde hay que hablar de normas y organismos que vengan a minimizar o dificultar las prácticas corruptas". "Estamos convencidos de que esta oficina va a servir para algo más que para elaborar informes anuales con los que justificar su existencia", ha dicho.
Por su parte, la parlamentaria del PSN Inma Jurío ha señalado que "en España la corrupción no es algo sistemático, pero es un problema de gran calado que ha contribuido a generar gran desconfianza en la forma de hacer política". Por ello, ha afirmado que "el fortalecimiento institucional lo tenemos que ir logrando a través de todos los medios que tengamos a nuestro alcance y hoy estamos dando un paso adelante en conseguir este fortalecimiento institucional".
El parlamentario del PPN Javier García ha dicho en una breve intervención que su grupo no está a favor de las sanciones previstas en la ley por lo que ha justificado su abstención.
Finalmente, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha destacado "el carácter preventivo de la oficina, que tiene que actuar más que como un mecanismo de control, que también, como un mecanismo de prevención". "Esta ley avanza en la transparencia de la gestión pública y en evitar el abuso de poder, contribuye a la participación ciudadana y establece la rendición de cuentas de los administradores", ha indicado.
