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    Tramitadas dos leyes para que el Gobierno asuma más gasto en en TUC

    Tramitadas dos leyes para que el Gobierno asuma más gasto en en TUC
    EUROPA PRESS

    PAMPLONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

       El pleno del Parlamento de Navarra ha tomado en consideración una ley presentada por el PSN y otra por Izquierda-Ezkerra para que el Gobierno foral asuma un mayor gasto en la financiación del transporte urbano comarca de Pamplona.

       Las iniciativas han sido tramitadas con el apoyo de PSN, Bildu, Aralar-NaBai, Izquierda-Ezkerra y Geroa Bai, mientras que UPN ha votado en contra y el PPN se ha abstenido.

       En concreto, la ley propuesta por el PSN propone que el Gobierno foral asuma el 65 por ciento de la financiación del transporte urbano comarcal de Pamplona, mientras que el 35 restante recaería en los ayuntamientos. Actualmente, la financiación se reparte aproximadamente en un 60 por ciento para el Gobierno y en un 40 por ciento para los ayuntamientos.

       Por su parte, la propuesta de Izquierda-Ezkerra eleva hasta el 80 por ciento la responsabilidad de financiación del Gobierno de Navarra en el coste del servicio, mientras el 20 por ciento restante recaería en los ayuntamientos.

       La parlamentaria del PSN, Maite Esporrín, ha afirmado en la defensa de su iniciativa que "la falta de financiación clara y estable para el servicio ha hecho que se vaya creando un déficit importante" y ha destacado que su propuesta "puede dar una estabilidad al transporte urbano".

       Además de plantear cambios en la financiación del servicio, la ley del PSN plantea que debería ser la propia Mancomunidad la que aprobara los planes plurianules de transporte de la Comarca de Pamplona y no el Gobierno de Navarra, como ocurre ahora.

       Por su parte, el parlamentario de Izquierda-Ezkerra Txema Mauleón ha indicado que el Gobierno de Navarra "quiere que los ayuntamientos a los que el propio Gobierno ha disminuido la financiación hagan frente al déficit de la Mancomunidad, y el Ejecutivo quiere aportar lo mismo".

       Frente a ello, ha abogado por buscar un modelo que dé "estabilidad" en la financiación del servicio. "Nuestra solución es temporal, porque UPN, que tenía obligación de aprobar un plan en 2013  no lo ha aprobado. Y ha comenzado 2014 y seguimos sin plan", ha indicado.

       En contra de las iniciativas, la parlamentaria de UPN Mariví Castillo ha destacado que "el fomento del transporte urbano comarcal ha sido una constante que ha presidido todas las decisiones de UPN" y ha recordado que "el transporte urbano es una competencia de los municipios y el transporte interurbano es una competencia autonómica". "En Navarra, el Gobierno destina seis veces más financiación al transporte urbano que al interurbano y en las propuestas que aquí se presentan se propone destinar diez o doce veces más", ha criticado.

    BILDU Y ARALAR-NABAI, A FAVOR DE LA TRAMITACIÓN

       En favor de la tramitación de las dos iniciativas, el parlamentario de Bildu Koldo Amezketa ha advertido de que "el transporte urbano comarcal tiene graves problemas estructurales y hay que redefinir el modelo", por lo que se ha mostrado partidario de que se tramiten las dos leyes y sean debatidas en el Parlamento, donde tienen previsto plantear diversas modificaciones a los dos textos.

       El parlamentario de Aralar-NaBai Txentxo Jiménez ha criticado que la empresa adjudicataria del servicio, TCC, "ha cargado el equilibrio financiero sobre los trabajadores, utilizando la reforma laboral", y ha dicho que la Mancomunidad de la Comarca "tiene que poner orden" en esta situación. "No puede ser que el Parlamento simplemente aborde los porcentaje de financiación del servicio. ¿Para qué subir la financiación? ¿Para compensar a la empresa TCC por el incumplimiento de una oferta probablemente temeraria que hizo en su momento?", ha planteado.

       Por parte del PPN, Eloy Villanueva ha afirmado que "hay un problema de financiación que llevamos viendo de manera reiterada, la empresa manifiesta esos problemas, la propia Mancomunidad y los grupos que están en ella aportan distintas soluciones sin llegar a acuerdo, y el usuario tiene la impresión de que paga por un servicio que no satisface por completo sus necesidades". Por ello, ha dicho que debe "revisarse" el modelo actual, y ha explicado que se abstiene en la tramitación de las dos leyes, porque no les "satisfacen", pero no se oponen al debate.