PAMPLONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PSN ha asegurado que ha conseguido los "objetivos prioritarios" que se había fijado para el debate del proyecto de ley foral de Contratos Públicos, al haber introducido muchas de sus enmiendas en el dictamen que ahora tendrá que ser aprobado definitivamente por el pleno del Parlamento de Navarra.
La parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha afirmado en una nota que las enmiendas introducidas por los socialistas "mejoran el proyecto inicial y permiten que de la Administración salgan unas licitaciones buenas que garanticen la calidad del servicio, obra o suministro, así como las condiciones laborales de los trabajadores".
En este sentido, ha señalado que se prevé "un mayor control y transparencia en la contratación pública; propiciar una mayor relación calidad-precio; más participación de autónomos, pequeñas empresas y de la economía social; y establecer la obligación de que en los criterios de adjudicación se tengan en cuenta aspectos medioambientales, sociales, innovadores y laborales".
Además, Unzu ha destacado que "el Gobierno de Navarra tendrá que dejar de ampararse en la reforma laboral del PP en las contrataciones, porque hasta ahora se han adjudicado licitaciones públicas por debajo de los costes salariales, lo que se ha traducido en más precariedad y en el recorte de los derechos de los trabajadores".
En este sentido, el PSN ha vuelto a denunciar las "deficiencias" en el anuncio de contratación del servicio de limpieza de 29 centros de enseñanza agrupados en 27 lotes. "En muchos de ellos, el precio de salida es inferior al coste real de subrogación de los trabajadores. E incluso salen contrataciones con un precio menor que años atrás, sin tener en cuenta, por tanto, ni la antigüedad de las plantillas, ni la actualización de convenios", ha criticado.
Según Ainhoa Unzu, éste es "un ejemplo más de que el Gobierno de Navarra admite bajas temerarias incluso por debajo de los costes laborales con las consecuencias que esto tiene en despidos, horas impagadas o falta de sustituciones". "En definitiva, es un recorte de derechos y al Gobierno del 'cambio', 'de lo social', le da igual, porque lleva aplicando la reforma laboral del PP en las contrataciones públicas mucho tiempo, obviando a las personas que hay detrás y el perjuicio que les causan", ha asegurado.
