MADRID, 30 Jun. (OTR/PRESS) -
Dice el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que el valiente muro verbal que el otro día plantó nuestro embajador en Washington ante el presidente de la Generalitat, Quim Torra, es lo que hubiera hecho cualquier embajador.
Y tiene razón. Pero la reacción del Gobierno debería haber ido más allá del mínimo exigible por las generales de la ley. La intervención de Pedro Morenés es el enésimo grito de la defensa de la legalidad y el sentido común que sale al paso del insidioso discurso de los independentistas, consistente en internacionalizar su sectaria valoración respecto al Estado "represor" y "demófobo" que su relato necesita para presentarse como vírgenes ofensivas ante la opinión pública internacional.
Visto así, el incidente del miércoles por la noche en la capital federal de los Estados Unidos, sobrevenido a raíz de un discurso previo de Torra en el que volvió a hablar de "presos políticos" y "exilio" para referirse a las situación de los principales dirigentes del soberanismo, no es más que el síntoma de una enfermedad que amenaza con cronificarse.
Pero el responsable de la cronificación no será un Gobierno del Estado que hace expresa profesión de fe en la política de gestos para la distensión. Con escasos resultados, a juzgar por la respuesta de la otra parte.
No solamente en el terreno de los gestos. Tampoco en el discurso político de fondo del soberanismo, que no pierde ocasión de proclamar su innegociable objetivo de ruptura con la Constitución y con el Estado español.
Véase cuales son las intenciones del presidente de la Generalitat, Quim Torra, ante su anunciado encuentro con el presidente del. Gobierno, Pedro Sánchez, previsto para el próximo día 9 en el Palacio de la Moncloa. Dice que su primera petición será celebrar un nuevo referéndum sobre la independencia de Cataluña, aunque en esta ocasión, pactado con el Estado.
Por otra parte, hace unos días el grupo parlamentario de ERC presentó en el Congreso de los Diputados una moción en la que se instaba al Gobierno a "establecer un diálogo bilateral sin condiciones ni renuncias".
Esa es la enfermedad de difícil solución. ¿Cómo persuadir racionalmente al independentismo de que de ninguna manera pueden esperar la colaboración del Gobierno del Estado para ayudarles a acabar con el Estado?
Pero ya sabemos que en este conflicto hace mucho tiempo que dejó de reinar la razón.
