25 de octubre de 2020
1 de octubre de 2020

Antonio Casado.- El oscuro caso Bankia

MADRID, 1 Oct. (OTR/PRESS) -

Habló la Audiencia Nacional sobre la controvertida salida a bolsa de Bankia en julio de 2011. Una de las más oscuras hazañas de las élites de nuestro zurrado país durante el mandato del socialista Zapatero. Al menos en vía penal, nada se puede reprochar a los padrinos de la operación, con el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, a la cabeza.

Las consecuencias de un trabajo mal hecho -eso es indiscutible- están muy vivas en la memoria colectiva. Sobre todo en la de los 300.000 pequeños ahorradores que perdieron su dinero. Pero también de los contribuyentes en general, por los 22.000 millones de euros públicos (más 1.900 millones en indemnizaciones) que acudieron al rescate de la entidad quebrada.

Ese indeseado resultado se reflejó en la sentencia previa de la sala de lo civil del Tribunal Supremo (febrero 36). Allí se dio por probado que las cuentas presentadas a los inversores "no eran un reflejo fiel de la situación económica de la entidad". Pero en la reciente sentencia de la Audiencia Nacional lo que se refleja es que todo fue como la seda y nada puede reprocharse a los responsables de Bankia.

Según esta sentencia, la salida a bolsa contó con la aprobación de los órganos supervisores (Banco de España y CNMV), nadie estafó a nadie, no hubo falsedad contable y el folleto de salida a bolsa (datos ofrecidos para la formación de criterio del inversor) fueron más que suficientes.

En este punto es donde se nos queda cara de tontos a quienes en su día dijimos o escribimos que la élite político-financiera había engañado a 300.000 pequeños ahorradores y a los contribuyentes españoles. Ahora la AN dice que todo se hizo bien, pero eso no exculpa a los órganos supervisores ni a los gobernantes que los apadrinaban.

Baste rescatar este pasaje de la intervención del entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, en la comisión de investigación creada en el Congreso. En su comparecencia del 11 de diciembre de 2014, dirigiéndose al diputado socialista navarro, Juan Moscoso dijo textualmente De Guindos: "Usted sabe que fue una decisión política. El Gobierno lo definió como una cuestión de Estado en la que se forzaron voluntades y se hizo que los supervisores mirasen hacia otro lado".

O sea, que el BE y la CNMV no hicieron sus deberes. Ignoraron los informes de los inspectores del propio BE desaconsejando la salida a bolsa y denunciando el desastroso estado patrimonial y contable de la entidad. Y también el informe de los peritos comisionados por el juez Andréu, que cuestionaron la validez de las cuentas y la limpieza del proceso.

Esperemos que la sala de lo penal del TS acabe obteniendo la previsible coherencia con la sentencia del mismo alto tribunal en su sala de lo contencioso administrativo, que no fue tan benevolente como lo ha sido la AN

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