MADRID, 23 Sep. (OTR/PRESS) -
La pandemia ha traído muchas cosas nuevas y otras viejas se han hecho más visibles y preocupantes. El Consejo de Ministros aprobaba este martes nuevas normas para regular el teletrabajo; se sigue buscando la fórmula sobre qué hacer con los ERTE, una vez que el 30 de septiembre expira el plazo que se había fijado para su extinción; también cómo agilizar los trámites para hacer llegar a más personas el Ingreso Mínimo Vital y las normas para que los Ayuntamientos no sólo puedan hacer su uso de sus remanentes sino transferir fondos a los entes locales que por la razón que sea no tienen superávit.
El Gobierno ha hecho muchas promesas y muchas normas que se han visto desbordadas por la realidad. La segunda ola del coronavirus se ha adelantado y ha invalidado todas y cada una de las previsiones que se habían hecho. Muchos sectores se han quedado atrás y son muchas las empresas y los trabajadores que esperan noticias sobre su futuro.
Las fricciones entre miembros del Gobierno están retrasando muchas decisiones vitales. Es el caso de los ERTE. La realidad es que aún hoy no hay acuerdo sobre qué sectores podrían acogerse a su previsible extensión, hasta cuándo durarían y qué cuantía se financiaría con recursos públicos. En todo caso, la madre del cordero es que no hay dinero y que ya se han gastado el 50% más de los fondos que se pidieron al fondo europeo SURE y que se elevaban a 22.000 millones de euros. Otro tanto ocurre con el IMV. En este caso, no sólo no hay dinero, sino que, por falta de previsión, no hay empleados suficientes para tramitar el cúmulo de peticiones que se han realizado.
También sobre el teletrabajo ha habido numerosas discusiones entre Gobierno, sindicatos y empresarios. El miedo en este caso es que el exceso de regulación mate una forma de trabajo que se ha vuelto útil y necesaria por la pandemia y que podría resolver en el futuro, si se hace bien, problemas como la baja productividad o la difícil conciliación entre la vida laboral y familiar.
Otros problemas del pasado empiezan a aflorar. Hablamos del endeudamiento de las familias y las empresas, asunto que ya preocupa y ocupa al Banco de España. Pero, también del volumen que va tomando la deuda de los ayuntamientos y otras administraciones con sus proveedores, que ya supera los 1.800 millones de euros, o los retrasos en los pagos que ya superan con creces los plazos legales estipulados. Miles de Pymes y autónomos que no cobran o cobran tarde y que ven como su negocio se resiente por falta de liquidez.
Otro palo en la rueda que se suma a los costes del teletrabajo, el pago de impuestos, cotizaciones al alza y sobre todo la inseguridad jurídica.
