MADRID, 21 Mar. (OTR/PRESS) -
El gobierno ha confirmado que el próximo martes 27 un consejo de ministros extraordinario aprobará los Presupuestos Generales del Estado para 2018. A día de hoy, no cuentan con los apoyos parlamentarios para salir adelante. Sin embargo, el presidente Rajoy confía en que durante su tramitación parlamentaria va a ser capaces de atraer a Ciudadanos y al PNV, cuyos votos son imprescindibles para que las cuentas públicas estén en vigor. Claro que, para que eso sea posible, han de solucionarse varios asuntos, entre ellos, que haya un gobierno en Cataluña para que decaiga la aplicación del artículo 155 de la Constitución, petición del PNV. Por parte de Ciudadanos, además de la equiparación del salario de policías y guardias civiles al de la policía autonómica catalana que ya parece resuelto (aunque algunos sindicatos siguen en lucha) está el futuro penal de la senadora Barreiro. Precisamente, hace unos días la Fiscalía comunicó que no ve delito, que la senadora no habría requerido ni pagado con fondos públicos a una empresa del caso Púnica una campaña para mejorar su imagen. Así que no se sabe muy bien a estas alturas, si Ciudadanos dará el sí o no a las cuentas de 2018.
Unas cuentas que contienen una rebaja de impuestos para las rentas más bajas, que afectaría a cientos de miles de trabajadores, pensionistas y autónomos, ya que se trata de elevar de 12.000 a 14.000 las rentas exentas en el IRPF. Además, la subida del sueldo de los empleados públicos y el aumento de las pensiones de viudedad y mínimas por encima del 0,25 por ciento que han tenido este año. Por supuesto, los PGE contienen partidas de gasto millonarias para las Comunidades Autónomas.
La oposición mientras ha decidido agitar la calle y presionar al gobierno a realizar gastos imposibles. Un dato, desde que comenzó la legislatura se han presentado 26 proposiciones de ley que hubieran supuesto un gasto público de 87.300 millones de euros, el 7,5 por ciento del PIB, y siguen en tramitación otras proposiciones con otros 30.000 millones de euros. Más de 120.000 millones que, por supuesto, no dicen de dónde sacarían. Dicen que el gobierno no gobierna, que está paralizado. Pues menos mal. Sólo haber decidido el veto a ese volumen de gasto, ya supone un trabajo encomiable. De haberlo materializado, de haber cedido a las presiones, España estaría otra vez hoy al borde del colapso y por supuesto a los mandos de los "hombres de negro" con un déficit, que ni en tiempos de Zapatero.
