MADRID, (OTR/PRESS)
Cuando se escriben estas líneas, los padres del bebé Alfie Evans, ingresado en un hospital británico aquejado de una enfermedad irreversible, abordan con los médicos el poder trasladar a su hijo al domicilio familiar. Esto ocurre cuando jueces y médicos han optado por desenchufar al bebé de la máquina que, en teoría, le permitía respirar. Lo hicieron en contra del criterio de los padres y dijeron los médicos que una vez desconectado el bebé moriría en cuestión de minutos. Desde que se realizó esa previsión han pasado más de cincuentas horas y el bebé continúa con vida.
El padre asegura que no se trata de un milagro sino de un mal diagnóstico, cosa por otra parte nada infrecuente en la práctica médica. Ocurre que personas en coma durante años un buen día despiertan y ocurre que algo valorado como leve te conduce a la muerte. El error forma parte de la vida.
Sin embargo, lo llamativo, lo que realmente cuesta entender es que unos jueces, con el amparo de la Corte Europea de Derechos Humanos, impidan a los padres viajar con su hijo a Italia. Un avión medicalizado puesto a disposición de la familia por parte del Gobierno italiano para que el niño sea tratado en el hospital pediátrico dirigido por el Vaticano, está quieto y parado porque unos jueces impiden que los padres ejerzan su derecho a mover y tratar a su hijo como ellos consideren oportuno.
¿Con qué derecho los poderes públicos pueden suplantar el derecho de los padres a tratar de que su hijo viva lo más posible? ¿Cómo es posible que alguien ataque de semejante manera a un derecho, el de los padres, a moverse con libertad cuando de lo que se trata es mantener con vida a su hijo? Ellos son bien conscientes de que la enfermedad de su hijo no tiene vuelta atrás pero en ningún sitio está escrito que no tengan derecho a buscar por tierra, mar y aire posibles tratamientos.
Saben, y esto es lo más importante, que el bebé no está sufriendo. Saben algo terrible y es que es muy probable que les quede poco tiempo para seguir abrazando a su pequeño. Lo saben, pero ¿en aras de que principio unos jueces pueden impedir la libertad de movimientos o impedir que unos padres hagan lo que creen más oportuno?
Ni entiendo ni, mucho menos, comparto semejante intrusión y ni entiendo ni comparto que, nada menos que desde a Comisión de Derechos Humanos, se dé por bueno, sin especial debate, no sólo que se desconecte al niño, cosa que en todo caso debería ser decisión de los padres, sino que los padres se vean desprovistos de cualquier derecho sobre su hijo. Se da por buena la desconexión y que los padres hagan lo que digan los jueces. ¿Por qué no se puede dar por bueno que unos padres traten de hacer lo posible y lo imposible por su hijo, que puedan viajar a donde crean conveniente? ¿Es permisible que se pueda desconectar a una persona sin el consentimiento de aquellos que pueden y deben darlo? En mi opinión no es en absoluto permisible.
La situación se puede contextualizar con los argumentos que cada cual crea conveniente, pero no hay reflexión ni argumento que pueda justificar un flagrante atentado a la libertad como el que están sufriendo los padres del niño Evans. Ni uno solo.
