MADRID, 17 Nov. (OTR/PRESS) -
Mientras miles de funcionarios de la Administración de Justicia de todo España se estaban manifestando en Madrid para rechazar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al considerar que abre la puerta al traslado forzoso de funcionarios, en el Congreso se debatía la idoneidad de los nuevos magistrados del CGPJ que, como siempre ha ocurrido en cada reelección, se celebró bajo la sombra de sospecha de la politización. La degradación a la que llegado la política y los políticos es tal que todo lo que huela o se acerque a los partidos se contaminan y de ahí que ahora cada vez que cualquiera quiere descalificar a alguien le llama "partidista o simplemente le acusa de estar "politizado" como si eso fuera una anatema prohibido o un concepto lleno de maldad.
Nuestra Democracia, que nació cargada de esperanza, se ha ido degradando hasta tal punto que lo que antes admirábamos y respetábamos es decir a aquellas personas que se dedicaban a la cosa pública, como un acto de servicio, ahora son motivo de crítica fácil. Muchos creen que el "quid" de la cuestión está en que los sistemas políticos, tal como se están configurando, no son capaces de adaptarse a la cambiante realidad y de ahí que estemos en un momento álgido de crispación. ¿Por qué? Pues porque los ciudadanos no encuentran respuestas a las cuestiones que demandan y que en teoría tenían que ser solucionadas por cualquiera de los poderes del Estado, sea del ámbito ejecutivo, legislativo, o judicial.
Cosas tan llamativas como que se filtre interesadamente que PP y el PSOE habían acordado la elección de Manuel Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, antes incluso de conocerse la composición del mismo, no ayudan a mejorar la imagen de una Justicia politizada y mediatizada por las decisiones de los partidos. Precisamente que los partidos ya hayan acordado el nombre de Marchena ha llevado a la asociación judicial Francisco de Vitoria a anunciar que presentará un recurso en el Tribunal Supremo impugnando el nombramiento, por lo que la polémica esta servida.
Aunque en un primer momento la noticia se analizó más por el hecho de que Marchena -hasta ahora máximo responsable de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo- deberá dejar su actual cargo y, por tanto, no dirigirá el juicio a los líderes del 'procés', incluso a personas muy destacadas del ejecutivo la forma en que se ha manejado el asunto les pareció literalmente "penosa".
Según se nos comentó a los periodistas el PSOE finalmente había aceptado que un magistrado con perfil conservador ocupe la presidencia del CGPJ a cambio de que en el órgano se dé una mayoría de vocales progresistas, para lo que el Gobierno y Podemos habrían negociado juntos. La politización y la forma de elección del máximo órgano de gobierno de los jueces es siempre un tema recurrente y llama a la atención que, invariablemente, cuando hablas con los presidentes elegidos en los distintos períodos la respuesta es la misma. "Se mezclan dos cosas distintas. El CGPJ es un organismo político administrativo y, efectivamente, en ese sentido se puede hablar de politización. Pero en los jueces no interviene el control político ni hay interferencias políticas. Por tanto, podríamos decir que el CGPJ está politizado, pero nunca que los jueces están politizados. "Me comentaba uno de ellos. Y !Claro! cuando le haces la observación de que hay jueces conservadores y progresistas que no se salen ni un milímetro del guión del partido que los nombra insistía en que "por encima de la ideología de cada juez o del partido que les proponga está la ley, la Constitución.
El juez, sea progresista o conservador, tiene que mantenerse dentro de unos márgenes. Y así lo hacen, aunque se pongan etiquetas ideológicas que les hacen mucho daño". Tal vez mi interlocutor tenga razón y aunque de los jueces no esperamos que no tengan ideología o no voten lo que les dé la gana sí debemos exigir que sean independientes y totalmente escrupulosos en el cumplimiento de la ley. Desgraciadamente todos los días vemos sentencias o resoluciones judiciales como la última de las hipotecas que apestan y claro eso de "serlo" y "parecerlo" también se lo deberían aplicar los magistrados de tan altos tribunales.
