MADRID, 11 Ene. (OTR/PRESS) -
La crisis catalana, no resuelta tras la aplicación del Artículo 155 y la celebración de elecciones el pasado 21 de diciembre, está pasando diversas facturas. La más notable cursa en forma de incertidumbre política en la propia comunidad autónoma. Las maniobras de Carles Puigdemont, prófugo de la justicia española pero libre de cargos fuera de España, están embarrando el terreno para zancadillear las aspiraciones de Ciudadanos (la lista más votada) a presidir la Mesa del futuro "Parlament".
Parece haber pactado con ERC para que apoye su candidatura a presidir la "Generalitat" en perjuicio de las aspiraciones de Oriol Junqueras, preso en Estremera. Los separatistas agudizan sus contradicciones pero eso no les impide seguir con su proyecto finalista. Sí se empeñan en retorcer el Reglamento de la Cámara para investir telemáticamente como presidente a Puigdemont, no quedará más remedio que reactivar el Artículo 155. Lo cual nos depositaría en una situación definitivamente surrealista ante la que se dividen las opiniones de los analistas.
Hay quienes piensan que podrían celebrarse nuevas elecciones allá por abril o mayo y quienes introducen un factor que puede resultar clave: antes de celebrar nuevos comicios habría que esperar a las decisiones del Tribunal Supremo, sabido que entre presos y fugados hay dirigentes separatistas investigados que podrían ser inhabilitados.
Admitida esta cautela, el horizonte de provisionalidad se alargará meses; incluso un año, antes de la convocatoria de unos nuevos comicios. Ninguno de estos escenarios estaría exento de problemas. Pero sí con su filibusterismo parlamentario los separatistas lograran validar el esperpento de un "Govern" dirigido desde el extranjero, hecho a todas luces fuera de ley, el Gobierno que preside Mariano Rajoy tendría que frenarlo acudiendo, de nuevo, a la Constitución.
El coste de imagen fuera de España sería notable. Pero mucho peor sería ceder al chantaje separatista.
