MADRID, 30 Ene. (OTR/PRESS) -
La intervención del Tribunal Constitucional ideada para impedir la investidura a distancia de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, nos ahorrará la burla de los separatistas pero no resuelve el problema de fondo que no es otro que la existencia de un grupo de dirigentes políticos decididos a proseguir con sus planes sediciosos. Mariano Rajoy al anunciar que el Gobierno se disponía a suspender la autonomía de Cataluña aplicando lo dispuesto en el Artículo 155 de la Constitución acotó la vigencia de la medida. Decaería el mismo día en el que Cataluña tuviera nuevo gobierno.
No parece que vaya a ser así. A juzgar por el desarrollo de los acontecimientos todo indica que vamos a tener 155 para rato. Es evidente que al convocar las elecciones entre los cálculos de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría -responsable de la estrategia del Ejecutivo para frenar el "procés"- no aparecía que los separatistas volverían a tener mayoría en el Parlament. Tampoco habían previsto que Carles Puigdemont escaparía al requerimiento de la justicia refugiándose en Bélgica, el país de la UE cuyo desafecto hacia España tiene raíces histórica
Nadie en el círculo de estrategas de La Moncloa avizoró que este personaje intentaría hacer el mayor daño posible a la imagen de España retorciendo la interpretación de los acontecimientos a sabiendas de que dispondría de un notable seguimiento mediático. Puigdemont ha jugado desde el principio al "cuanto peor, mejor". Y en cada una de sus jugadas ha ido por delante contando con el concurso de un parte de los ciudadanos de Cataluña inmunes a la sensación de ridículo. Ahora la cuestión es saber si tendrá el coraje de presentarse en Barcelona, dejándose detener y compareciendo ante el juez del Supremo según el guión trazado por el Tribunal Constitucional. Si lo hace y el juez lo autoriza -cosa dudosa a la luz de lo ocurrido con Junqueras- podría presentarse en el Parlament para asistir a la sesión de investidura. No parece probable, pero no es descartable. Sería un argumento de gran peso en el registro victimista que nutre el discurso de los separatistas. Si, al final, no acude, la elección de otro diputado que pretendiera llevar a la práctica el pacto de JxCat y ERC con la CUP que estipula retomar el proceso de implantación de la República, obligaría al Gobierno a mantener el 155 y a convocar nuevos comicios. Mal asunto. Malos estrategas.
