26 de febrero de 2020
23 de enero de 2020

Fermín Bocos.- Un escándalo

MADRID, 23 Ene. (OTR/PRESS) -

El Gobierno por boca de su nueva portavoz/a anuncia que están preparando una reforma del Código Penal en orden a modificar la tipificación de la sedición como delito. Lo ha dicho abiertamente la señora María Jesús Montero y de manera anfibológica lo planteó Pedro Sánchez el pasado lunes en una entrevista. Tras la anunciada reforma no gravita el peso de una demanda social expresada a través de recogidas copiosas de firmas o de manifestaciones populares multitudinarias. Nada de eso ha sucedido y, sin embargo, el Gobierno que no lleva ni un mes en activo se propone un expurgo específico del Código Penal como tarea acuciante.

A nadie se escapa que semejante propósito obedece a un solo fin: empezar a pagar una de las hipotecas contraídas con ERC, el partido separatista cuyo líder (Oriol Junqueras) cumple condena de trece años precisamente por un delito de sedición y otro de malversación. Sin la abstención de ERC en la votación de investidura Sánchez hoy no sería presidente del Gobierno y sin el renovado apoyo del mismo partido a la Ley de Presupuestos Sánchez no podría asegurar la legislatura. Así de sencillas son las cosas.

Por eso y para seguir de inquilino en La Moncloa necesita asegurar el apoyo de un partido cuyo máximo dirigente también en una entrevista reciente confesó que volvería a convocar un referéndum (ilegal) porque ERC no va a renunciar al derecho de autodeterminación ni a la independencia de Cataluña.

La iniciativa del Ejecutivo para promover una reforma exprés del Código Penal arroja luz sobre la parte de los acuerdos no escritos a los que el PSOE llegó con ERC para asegurar el apoyo de ERC a la investidura de Sánchez. Cuando exigían la libertad de los presos -que los separatistas califican como "presos políticos"- se disparaban las cábalas acerca de sí el Gobierno optaría por la vía del indulto o de una amnistía. En el primer supuesto los presos tendrían que manifestar arrepentimiento y solicitarlo -imperativo que rechazan- y en el segundo es la propia Constitución (Art. 62 que prohíbe los indultos generales) la que cerraría el paso.

Vía, pues, sin aparente salida. De ahí que estemos donde estamos. En los prolegómenos de una operación de ingeniería jurídica a medida para que Pedro Sánchez pueda pagar la deudas contraídas con ERC y también con Podemos cuyo jefe de filas y flamante vicepresidente del Gobierno , Pablo Iglesias, siempre se manifestó partidario de la excarcelación de los presos separatistas. Escándalo, es la palabra.