MADRID, 24 Sep. (OTR/PRESS) -
Nunca me ha gustado jugar con las palabras ni dramatizar los conceptos: pero no creo que sea demasiado exagerado afirmar que Cataluña vive al borde del estado de excepción, y conste que no lo digo pensando en aplicación alguna -dura, blanda- de un artículo 155 de la Constitución que, a mi modo de ver, es uno de los más ambiguos y peor redactados de nuestra Carta Magna. Tampoco me refiero solamente -solamente-- a las detenciones practicadas este lunes por la Guardia Civil entre independentistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) que, por lo visto, preparaban atentados con explosivos, ignoro de qué potencia y con qué alcance. Solamente diré que la propia existencia de los CDR, que son un aviso seguro de incidentes e inestabilidad callejeros, avalan la impresión de que se vive al borde de ese estado de excepción. Pero no solamente por eso.
Ya digo que, cuando esto escribo, no es posible calibrar si, como dicen algunos comentaristas, estamos ante un brote de violencia tipo 'kale borroka', ante algo aún peor o se trata de una medida preventiva por parte de las Fuerzas del Orden, sin más. Pero, cuando el propio máximo representante del Estado, es decir, el molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, se permite decir que el jefe del Estado no será bienvenido en territorio catalán, cuando proclama que desobedecerá las leyes, que no acudirá a la llamada de los tribunales de Justicia, que se instala en la confrontación con el Gobierno central y que repetirá el intento golpista del que ahora se cumplen dos años, me parece que la nación tiene que meditar cómo defenderse.
Siempre he abogado por el diálogo, pero es obvio que Torra, que está mucho más cerca de los CDR que del sistema que ampara nuestro Estado de derecho, no es partidario de ese diálogo. El Gobierno central tendrá que buscar otros interlocutores, se llamen Oriol Junqueras o como quiera. Y nuevas vías de pacto, nuevas ofertas y nuevos métodos de disuasión, más allá del mero 155. Sospecho que, a estas alturas, una mayoría de catalanes sabe que en todo caso le irá peor con la vía 'unilateral' de los Puigdemont y Torra que con un camino de diálogo. Y, para colmo, el'procés' ha significado un periodo de desgobierno que traerá indudables consecuencias económicas, además de las sociales y morales, para la vida de los catalanes y, por supuesto, del resto de los españoles.
A todo esto es a lo que me refiero cuando hablo de una situación límite, que bordea, si no ha caído ya, en la excepcionalidad que exige medidas no menos excepcionales. Y no me refiero, claro está, a aquellos 'estados de excepción política' que, durante el franquismo, abonaban las detenciones arbitrarias, la crueldad y la dureza de una dictadura en la que las libertades no se permitían, una situación en la que sí había presos políticos y persecución de las ideas. Naturalmente, no es el caso, aunque bien sé que uno de los proyectos del independentismo más extremo -lo hay en una versión moderada, y nada que objetar- es presentar a España como una nación que persigue la disidencia y las libertades más básicas y a aquellos cuyo único fin es poder votar por sus opciones políticas.
La sombra de la violencia pone un acento aún más preocupante en lo que pueda suceder a raíz de la inminente publicación de la sentencia del Tribunal Supremo contra unos golpistas que puede que hayan sido tratados inadecuadamente desde el punto de vista de la instrucción judicial -la prisión preventiva ha sido, a mi juicio desmesurada--, pero que no podrían quedar sin sanción penal. Tratar de dar un golpe de Estado desde la acción unilateral contra las leyes vigentes es algo que ningún país se podría permitir no castigar, porque en ello estriba su propia defensa como nación.
Otra cosa es que ahora hayan de arbitrarse medidas de 'reconciliación' -sí, eso digo- con una mayoría de los catalanes, que puede que no se sientan a favor de la secesión, pero sí de otra relación con el Estado. Mal momento, temo, para imaginar nuevas iniciativas, nuevos métodos, nuevos caminos, con un Gobierno central en funciones y unas fuerzas constitucionalistas en plena división porque hacen primar sus intereses electorales. Estamos, sí, ante una especie de 'tormenta perfecta' en la que solo nos queda confiar en el correcto funcionamiento del poder judicial y de las fuerzas de Seguridad del Estado. Y en eso, deriven en lo que deriven las detenciones e investigaciones que hemos conocido este lunes, andamos.
