MADRID, 21 Nov. (OTR/PRESS) -
Ya no sé qué tiene que ocurrir para que Pedro Sánchez convoque elecciones lo más anticipadas posible. La bofetada moral del juez Manuel Marchena al Ejecutivo (y a la oposición), renunciando a que le presenten como sujeto de un consenso 'subterráneo' entre PSOE y PP para presidir el 'pasteleado' Consejo del Poder Judicial y, de paso, el Tribunal Supremo, ha sido un gesto de dignidad que ha dejado descolocada a la mayor parte de la clase política. Excepción hecha, cierto es, de Ciudadanos, que no se quiso sumar al pacto vergonzante para repartirse, desde los partidos 'nacionales' constitucionalistas, el gobierno de los jueces.
No le queda otra salida, a mi entender, al presidente del Gobierno que cesar, en primer lugar, a su ministra de Justicia, que ha estado en las bambalinas de toda esta vergüenza democrática -la definición no es mía: es de un fiscal- y que, para colmo, hizo frente a una huelga de magistrados, en la que figuraron hasta siete jueces del Supremo marchándose ella, mientras, a una visita en París. Dolores Delgado, siento decirlo, no puede continuar en este archisensible Departamento, foco de todas las miradas, ni un día más: está abrasada por los famosos audios de Villarejo, pero, mucho más, por su incapacidad de relación ahora con sus ex colegas.
El desprestigio acumulado por eso que, en conjunto, se llama 'políticos', merecido o no, y en muchos casos lo es, ha alcanzado un punto culminante. La separación entre los poderes de Montesquieu es una entelequia, plasmada, por si hicieran falta más pruebas, en el ya célebre mensaje del portavoz del Grupo Popular en el Senado, asegurando que su partido puede 'controlar' la Sala Segunda del Supremo, que es la que juzgará a los golpistas catalanes, esté o no a su frente el juez Marchena.
Pero, ahora, fuera maniobras orquestales desde las alcantarillas, el juez Marchena se queda en 'su' sala, y Carlos Lesmes, que debería cesar legalmente el día 4, verá prorrogadas 'in extremis' sus funciones al frente del CGPJ hasta que el Consejo pueda ser renovado merced a un nuevo consenso entre los partidos -pero esta vez en el Parlamento, con luz y taquígrafos, no bajo cuerda--. O sea, que esta renovación quedará aplazada, dicen los que saben, durante semanas, o, más probablemente, meses. Una muestra más del deterioro político e institucional que vive el país y del que Gobierno y oposición son los primeros responsables, aunque también haya leña para repartir entre los integrantes de algunas instituciones.
Un tinte de bochorno ha descendido sobre los rostros de la ciudadanía al comprobar cómo desde el Ejecutivo, en oscuro pacto -rara avis: ya podrían llegar a acuerdos para otras cosas necesarias para la nación- con el PP y con la mirada cómplice de Podemos, se llegaba a un reparto del poder de los jueces, mientras, en voz alta, todos se daban golpes de pecho asegurando que este es un país en el que la separación de poderes es un hecho. Claro, lo dicen para alegar la imposibilidad de revocar las órdenes del juez instructor , Pablo Llarena, manteniendo la prisión provisional para los separatistas catalanes: "nosotros desde el Gobierno no podemos hacer nada, es el juez quien decide y en este país hay separación de poderes", es una frase hipócrita, que hemos escuchado hasta la saciedad a ministros -antes del PP y ahora del PSOE--, presidentes de Gobierno, representantes de instituciones.
Ahora vemos que no había tanta, tanta, separación, y ha tenido que llegar Marchena para recordar a los políticos que no pueden decidir el destino de los jueces y su presunta adscripción ideológica así como así. Por lo menos, no el destino ni la adscripción de Marchena, que ha quedado como un hombre justo en el reino de Sodoma y Gomorra.
Puestas así las cosas, y en pleno proceso electoral en una Andalucía que es reflejo de muchos de los vicios políticos del país, el 'episodio Marchena' tiene que hacer reflexionar a los representantes de los españoles acerca de cuál es su papel, su misión y su obligación: velar por la pureza del proceso democrático y por los intereses de los ciudadanos con cuyo voto gobiernan -o se 'oponen' a los que gobiernan- y de cuyos impuestos viven. Esta es, sin la menor demagogia, la situación real: esto no aguanta más. Y si Sánchez, que ya se ve sin presupuestos, sin 'sus' jueces de cara al juicio del año que comenzará dentro de poco, con la sola amistad de alguien tan enredador como Pablo Iglesias, no rectifica -no sería la primera vez_ciento ochenta grados, no solo se quedará sin barcos, sino también sin la honra que aún le quede. No deberíamos llegar ni siquiera a ese famoso 'superdomingo' en el que se englobarían, dicen los rumores, los comicios europeos, autonómicos, municipales y, también, los generales, en mayo del año próximo.
Y nótese que de los demás, comenzando por ese líder del PP que llegó cabalgando a lomos de la regeneración, de la honradez y de la bonhomía, no hablo: también él debe hacer su acto de contrición. Y sumarse sin condiciones al nuevo reparto de cartas que significan unas elecciones, que sin duda se verán influenciadas por el hecho de que el partido de Albert Rivera ha sido el único que no se había sumado al cambalache Supremo (con mayúsculas, por favor). Ahora, que cada palo aguante su vela y que, con un comportamiento por fin digno, nos libren de una vez de esta sensación de sofoco antidemocrático.
