MADRID (OTR/PRESS)
Se empiezan a escuchar voces alarmadas en algunos medios nacionales y hasta, diría yo, en el mismísimo corazón del Partido Popular. Sí, yo mismo pude oírlas este domingo, cuando se conoció que Puigdemont permanecía retenido por la policía alemana cuando trataba de regresar al santuario de Waterloo tras su absurdo viaje a Finlandia. Se complica, piensan no pocos, esto de tener en la cárcel o en la fuga exterior a todos los principales dirigentes del independentismo, que, guste o no, representa a casi la mitad de los catalanes, y mantener, al tiempo, un rostro impenetrable 'rajoyano' de 'aquí reina la normalidad'.
No, no reina la normalidad. Puigdemont, en su insensata galopada, y los restantes sediciosos -no estoy seguro de que sean además rebeldes, aunque lo diga Llarena, por perdón--, han podido comprobar la fuerza del Estado: esta semana va a ser de pasión, de verdad, para Puigdemont, y no solo para él y sus incondicionales. También, seguramente, para quienes abominamos de cualquier partición en el territorio español, acatamos las leyes y las decisiones judiciales --las criticamos cuando nos parece, faltaría más-- y... pensamos que las cosas deberían hacerse de otro modo.
Sí, el Estado es mucho más fuerte que la sedición sin rumbo y sin más principios que la huida, desde Pujol, de los casos de corrupción; pero el Estado debe administrar su poder con mesura, sabiduría y dosis de prudencia política: a medio plazo, los presos no son la solución, sino el problema. Y eso es algo de lo que sin duda incluso el magistrado Llarena, que no tiene por qué meterse en estos fregados 'políticos', es consciente. Siempre existe el riesgo de que a un Junqueras, o a algún otro, le quieran equiparar con Nelson Mandela, aunque las distancias sean evidentes.
El propio Felipe González, a quien he criticado mucho --más de una vez me ha mostrado su hostilidad--, pero que es el estadista más grande que ha dado, tras Suárez, la transición española, lo indicó claramente al presentar el último libro de Joaquín Almunia: ojalá que el juez Llarena no encarcele a Turull y a los demás, dijo (no muchas horas antes de que Llarena los encarcelara), porque al independentismo no hay que encarcelarle, sino ganarle. No, González no hubiese actuado como Mariano Rajoy, entregando las llaves de Cataluña al brazo togado de la ley, y encogiéndose de hombros ante el encarcelamiento --que a mí me parece que al Gobierno central, ansioso de acabar con la aplicación del 155, tampoco le gusta, aunque no lo diga-- de casi una decena de líderes y el 'autoexilio' de casi otra media docena.
La imagen exterior de España se está resintiendo no poco, digan lo que digan los portavoces oficiales, ante todo esto: Europa no acaba de entender la magnitud del desafío independentista contra el Estado, y habla de restricciones a las libertades. Y no parece haber alternativas verdaderamente políticas a los barrotes carcelarios, que tanta indignación están provocando en el 'corpus' social catalán, incluyendo el no independentista, me parece. No hubo sino que ver las diferencias tácticas, estratégicas, de forma y de fondo, en el bando 'constitucionalista', desde la lamentable marcha de Albiol de la sesión del Parlament, hasta la 'mano tendida' de Iceta a un independentismo que 'sepa comportarse' como no independentista, valga el trabalenguas. Pasando por el discurso, magnífico, dolido, de Inés Arrimadas, que se ha convertido en la única figura política de talla en Cataluña, quizá seguida, de lejos, por la 'convergente' Elsa Artadi, de quien sin duda seguiremos oyendo hablar y que este domingo de Ramos gritaba al mundo que Puigdemont no podría esperar "un juicio justo" en España. Así están las cosas.
Bueno, y ahora ¿qué? Buena pregunta. Hay que decir alto y claro que el 'procés' no queda anulado por haber metido en la cárcel a quienes, desde la irresponsabilidad más absoluta, trataron de forzar unilateralmente la independencia; ni la policía, ni los jueces, ni, a veces, las mordazas, bastan para anular algo que, como el nacionalismo, es un estado de espíritu, aunque se haya pretendido plasmar por métodos ilegales y antidemocráticos. Y, desde luego, la ley hay que cumplirla. Pero Rajoy, separación de poderes mediante, tiene en sus manos la posibilidad de encauzar la locura; aunque él no es Adolfo Suárez. Ni tampoco es Aznar, el hombre que más lejos llegó en el pacto con los nacionalistas. Ni es Felipe González. Es Rajoy, con lo bueno y lo malo. Pero es, con sus virtudes y defectos, quien está ahí, y pienso que tiene cualidades suficientes como para, junto con los otros líderes de la oposición (es urgente que se atraiga a Podemos, no vaya a caer en manos del victimismo independentista), elaborar un plan de urgencia. No para salvar a Cataluña, sino para salvar a España del agujero en el que, entre todos, la hemos metido.
