MADRID, 25 Sep. (OTR/PRESS) -
Si algo pudiera sorprenderme después de tantos años de dedicarme al análisis de la política, seguramente me sorprendería la falta de pudor de algunos miembros del Gobierno y aledaños opinando que los jueces deberían poner en libertad provisional a los políticos independentistas que intentaron dar un "golpe" contra la Constitución y la legalidad.
Pero no acaba ahí esa falta de pudor, algunas voces socialistas van más allá y ya hablan de indulto una vez que se produzca la sentencia si está es condenatoria.
Uno de los primeros en manifestarse a favor de la libertad provisional de los políticos presos, fue nada menos que el ministro de Exteriores Josep Borrell. Poco después le siguió la ministra Meritxell Batet, a continuación la delegada del Gobierno Teresa Cunillera también dejó dicho que las cosas irían mejor si los independentistas que están en prisión a la espera de juicio, pudiera esperar la sentencia en casa, y este fin de semana la Vicepresidenta Carmen Calvo y el superministro José Ábalos han incidido en más de lo mismo.
Carmen Calvo cree que estos políticos que se saltaron la ley bien pueden esperar la sentencia en libertad provisional. Y el superministro Ábalos ha calificado de "humanidad" la actitud de Teresa Cunillera decantándose por lo mismo.
Yo no sé si estos ministros y otros dirigentes del PSOE que se manifiestan haciendo la misma reflexión piensan que los ciudadanos somos tontos. Lo que es evidente es que parece que quieren "preparar" a la opinión pública para que suceda lo que ellos quieren que suceda.
Para el Gobierno parece que no tiene ninguna importancia que desde la Generalitat y desde el Parlamento catalán se lleve tiempo desobedeciendo al Tribunal Constitucional, o que el Parlamento catalán aprobara una ley de referéndum para la independencia, o que se celebre, como se celebró un remedo de referéndum por la independencia el pasado 1 de octubre, o que Puigdemont y los suyos firmaran la declaración de independencia, etc, etc.
O sea que tenemos gobernantes que creen que si un político se salta la ley, como se la salta en nombre de sus convicciones políticas, en este caso convocar un referéndum ilegal y querer independizarse del resto de España, a pesar de eso, tiene que tener un tratamiento especial.
Vaya por delante que soy partidaria del dialogo para intentar encauzar el problema en Cataluña, y que los intentos del Gobierno Sánchez por restablecer la normalidad son más que meritorios. Pero lo que el Gobierno no nos puede "vender" es que quienes se saltan la ley, quienes han intentado a las bravas, declarar la independencia de una parte del territorio, quienes desobedecen con chulería al Tribunal Constitucional, por el mero hecho de que lo que hacen lo hacen políticos y que esa es su manera de hacer política, deben de tener un "trato" judicial diferente.
Sinceramente es infumable está posición del Gobierno. En una democracia los ciudadanos podemos estar de acuerdo o criticar las resoluciones judiciales pero si alguien no debería de hacerlo es el Gobierno.
Las declaraciones de la vicepresidenta hacia abajo producen sonrojo por la falta de pudor que muestran al hacerlas. Algo huele a chamusquina.
